El cruel asesinato de 13 trabajadores en la provincia de Pataz región La Libertad, a manos de organizaciones vinculadas a la minería ilegal, ha encendido una nueva alerta sobre la creciente violencia que azota las zonas auríferas del país.

Recientemente la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) emitió un pronunciamiento en el que condena los hechos, exige justicia y demanda al Gobierno la urgente aprobación de un verdadero plan de lucha contra la minería ilegal, más allá de medidas paliativas como el Estado de Emergencia.

Uno de los puntos más enérgicos del pronunciamiento está relacionado al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), cuya última ampliación fue duramente cuestionada por el Tribunal Constitucional y claramente, ha servido para encubrir las actividades ilícitas de los mineros ilegales.

Lo ocurrido en Pataz —donde los trabajadores fueron secuestrados y posteriormente ejecutados— no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un fenómeno más amplio, el avance descontrolado de las economías ilegales que buscan intimidar a la sociedad peruana y tomar por asalto la propiedad pública y privada.

La SNMPE ha sido clara en advertir que la falta de un Plan Nacional contra la Minería Ilegal, debidamente aprobado y con presupuesto asignado, ha convertido al Estado en un actor pasivo frente al crimen organizado. “No basta con declaratorias de emergencia. En Pataz, ha quedado demostrado que no son efectivas si no se acompañan de acciones reales, sostenidas y estructurales”, señala el comunicado.

La SNMPE ha solicitado que la Policía Nacional potencie sus labores de inteligencia y que se implementen estrategias para desarticular las redes criminales que operan con impunidad en regiones como La Libertad, Madre de Dios y otras zonas afectadas por la minería ilegal.

A la par, propone un enfoque multisectorial desde el Ejecutivo con un marco normativo moderno y políticas públicas claras, que fortalezcan las instituciones encargadas de la fiscalización ambiental, laboral y de seguridad en las zonas mineras. En concreto, apunta a la necesidad de establecer mecanismos eficientes de trazabilidad del mineral extraído.

El comunicado finaliza con un mensaje enfático dirigido a toda la ciudadanía, “la lucha contra la minería ilegal es, ante todo, una lucha por la vida, no se puede claudicar en la defensa de los derechos humanos y el bienestar de quienes trabajan de forma honesta por el desarrollo del país”, concluye.