El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) informó que el 8 de marzo de 2022, periodistas de varios medios de comunicación que cubrían las afueras del Congreso donde se llevaba a cabo la presentación del Gabinete Torres para pedir la confianza de los parlamentarios fueron atacados a golpes, empujones e insultos por manifestantes afines al gobierno de Pedro Castillo. El hecho ocurrió en el Centro de Lima.

Los manifestantes, cientos apostados en las afueras del Palacio Legislativo, al ver a la prensa arremetieron de forma violenta contra ella. A Carlos Huamán, camarógrafo de Latina TV, lo tumbaron al suelo, le quitaron la cámara y la arrojaron al suelo hasta romperla.

La fotógrafa de la revista Caretas, Romina Solorzano, fue arrastrada de los cabellos. También fueron agredidos los reporteros gráficos Diego Vertiz, de Diario Uno, John Reyes de La República y uno más de una agencia internacional, quienes recibieron empujones, arañones y golpes.

TESTIMONIO DE CARLOS HUAMÁN

Carlos Huamán, camarógrafo de Latina TV, indicó que los hombres de prensa se encontraban en el cruce de la avenida Abancay con Junín en medio de dos grupos de manifestantes que identificó como del partido Perú Libre. Señaló que ellos estaban resguardados por al menos 10 policías, sin embargo, en un momento ellos dejaron el lugar y los manifestantes los rodearon y los agredieron.

“Tenían pancartas, banderas, palos, látigos. En un momento pasaban los palos por las cabezas. Querían quitarme la cámara. En el forcejeo se rompe”, contó a RPP.

TESTIMONIO DE JOHN REYES

John Reyes, fotógrafo de La República, comentó que uno de los manifestantes azuzó a los campesinos que habían llegado a apoyar al Gobierno para que agredan a los hombres de prensa. También dijo que algunos de sus compañeros recibieron chicotazos en la espalda y pecho.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECHAZA AGRESIÓN

En esa misma línea, la Defensoría del Pueblo rechazó las agresiones a los periodistas y exigen a la Fiscalía de la Nación que investigue el caso y sancione a los responsables. “La violencia no se justifica en una sociedad democrática. Es deber del Estado proteger a mujeres y hombres de prensa”, expresaron.