POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
Con poco más de un mes en la Presidencia de la República, y con la confianza obtenida en el Parlamento, Dina Boluarte Zegarra vive uno de los momentos más aciagos en su corta, pero intensa carrera política. De antemano ya lo dijo y repitió: No renunciará.
Así también lo declaró el Premier. Sin embargo, con más de cuarenta compatriotas fallecidos (incluyendo el valeroso policía José Luís Soncco), amén de cientos de heridos, y ni que decir incalculables daños por el vandalismo desatado contra la propiedad pública y privada, cabe preguntarnos cuales son las demandas de la enardecida población, y si las mismas son (o cuando menos lo parecen) justas.
Dos son las propuestas repetidas incansablemente: La renuncia de la señora Boluarte y el cierre del Congreso de la República. Algo así como “que se vayan todos”. De lo segundo es un imposible y/o despropósito por donde lo observemos. Nuestra bien ganada y resguardada democracia, se basa -entre otros principios- en un equilibrio de poderes (check and balances).
Y esa atribución la tiene, sin que sea exclusivo ni excluyente, el Primer Poder del Estado. Es precisamente por esta labor, por ejemplo, que logró vacarse e inhabilitarse por diez años del ejercicio de la función pública al mitómano exmandatario Martín Vizcarra Cornejo. Cuestionamiento al comportamiento de tal o cual Legislador puede existir. De hecho, los hay, y varios, pero ello no es óbice para pretender desaparecer un transcendental organismo constitucionalmente autónomo.
Y, respecto de lo primero, una reciente encuesta arroja que la desaprobación de la Jefe de Estado es de 71%. Este dato va de la mano con lo que tanto se comenta y escribe: No es popular, su presencia al frente del Ejecutivo genera rechazo tanto dentro como fuera del país.
Para complicar un tanto más su delicada situación, reunida en Palacio de Gobierno a propósito del tan mentado (e inútil) Acuerdo Nacional, doña Dina expresó “…, se suponía que los de izquierda no venían a robar…”, agregando luego «…, me piden que cierre el Congreso, pero el que quiso hacerlo está preso…», en clara alusión al golpista Pedro Castillo, y a los radicales como Verónika Mendoza, Anahí Durán, Marco Arana, etc. Error, y mayúsculo.
Primero, porque nadie en la sala le preguntó. Dos, se trata de la persona que te llevó al poder (Vicepresidencia y ministro por 16 meses), al que juraste que te irías en el momento que fuera vacado. Y tres, parte de la insatisfacción ciudadana reclamante es que ven como ilegal la salida -y la condición de preso- de Castillo Terrones. En suma, la señora Boluarte, sola, sigue deslegitimándose.
Sí doña Dina, se suponía que renunciaba al minuto de ser investida, y no sucedió. También se suponía que empoderaría a nuestra benemérita Policía Nacional en la tarea de restablecer el orden y la seguridad en las regiones afectadas por las turbas asesinas, y tampoco ocurrió.
En lugar de ello, cambió -sin razón aparente y en menos de quince días- al Titular de Interior; además de “saludar” que la fiscalía inicie las diligencias preliminares por las muertes acaecidas, cuando esa es labor inherente del Ministerio Público, propiciando con todo esto dejarlos en indefensión y a merced de los caviares, incluyendo las ONGs de DDHH, que durante los próximos años los harán pasar y repasar por las diversas fiscalías y juzgados, solamente por haber cumplido con su deber.
Tantas cosas se suponían, y no son así. Ahora, dándole la espalda a la población, ¿Qué se supone que hagamos? ¿seguir apoyándola y esperar a que se vaya el 28 de julio de 2024?
