POR DR. PHD JAVIER FLORES AROCUTIPA

El Ministerio Público vive una pugna institucional: fiscales se acusan entre sí en medio de investigaciones por redes criminales, disputas de poder y cuestionamientos éticos.

El actual debate revela una situación especialmente compleja y delicada en el seno del Ministerio Público del Perú. La Fiscalía de la Nación ha solicitado la suspensión temporal del exfiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, recientemente reincorporado a su cargo por orden del Tribunal Constitucional.

El requerimiento se sustenta en una investigación preliminar por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado. La hipótesis fiscal se apoya en declaraciones de colaboradores eficaces, registros de llamadas y testimonios que vinculan a Gálvez con la presunta red criminal encabezada por José Luna Gálvez, dirigida a copar de manera irregular la ONPE en favor del partido político Podemos Perú.

La situación adquiere mayor gravedad al tratarse de un ex alto funcionario del propio Ministerio Público, lo que tensiona aún más la institucionalidad. Gálvez, por su parte, se defiende alegando que el proceso es ilegítimo, pues —según su interpretación— la Fiscalía no tendría competencia para proceder sin una resolución acusatoria previa del Congreso en el marco del antejuicio político.

Además, ha denunciado una supuesta instrumentalización del Ministerio Público con fines políticos, sumando más incertidumbre al escenario.

En este contexto, la pregunta es inevitable: ¿qué está ocurriendo en el Ministerio Público cuando fiscales acusan a fiscales en medio de pugnas internas, disputas de poder y cuestionamientos éticos? La situación refleja una crisis de confianza institucional que afecta seriamente la legitimidad del sistema de justicia peruano.