Richard Domínguez Ugarte, abogado defensor del alcalde provincial Abraham Cárdenas Romero, considera que es injusta la sanción acordada por el Consejo Municipal y se han cometido vicios durante todo el proceso de la suspensión.
Estará solicitando la anulación de la sesión de concejo llevada a cabo el jueves, cuando se aprobó la suspensión, porque la Ordenanza Municipal 011-2013 no fue publicada.
“Se solicitará la información y si se ratifica que no se cumplió con la publicación, entonces pedirá la anulación, porque se ha discutido una suspensión con una norma que no está vigente”, expresó.
Domínguez, sostuvo que tampoco se transgredió el Acuerdo de Concejo 039-2020 de fecha 30 de julio del 2020, por el contrario, se dio cumplimiento para la compra de los 200 balones de oxígeno, lo cual fue aprobado por el consejo directivo del Fondo de Desarrollo Moquegua (FDM) el 10 de agosto.
Un primer lote fue entregado el día 18 de agosto y fue distribuido al día siguiente, lo que significa que no se ha incumplido. El acuerdo no especifica, a quien se debe hacer la entrega primero, es decir a EsSalud o al MINSA.
En relación a la presunta discriminación a dos regidores, al propalar el burgomaestre que eran portadores de COVID-19, manifestó que Abraham Cardanes, en ese entonces textualmente dijo: “tanto Ud. al igual que el regidor Belizario han estado pasando una cuarentena, entonces no sé si ustedes tienen su alta médica”, esa fue la pregunta que hizo el alcalde el 31 de julio, lo cual consideran como una discriminación.
Sin embargo, existe una publicación en un medio escrito, donde los mismos regidores, dan a conocer que se habían contagiado de COVID.
Por lo tanto, técnica y legalmente, la suspensión no procede al no existir mayor argumento, es por ello, que se estará convocando a sesión extraordinaria que podría ser la próxima semana. Una vez que se apruebe el acuerdo, después de 8 días interpondrá el recurso de reconsideración.
Si no se acepta la reconsideración, se apelará al Jurado Nacional de Elecciones, instancia que podría demorarse hasta 8 meses para dictaminar si procede o no la sanción impuesta al alcalde Abraham Cárdenas.