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Regidoras interponen recurso de reconsideración a aprobación de convenio entre Southern y MPI

Señalan que no hubo estudio de la comisión de regidores, así como no haber tenido en cuenta los impactos del conflicto social por el proyecto Tía María en el valle de Tambo.

Las regidoras del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Islay (MPI), Martha Canqui y Zulema Quispe, interpusieron este jueves un recurso impugnatorio de reconsideración contra el acuerdo de Concejo que aprobó, este martes y por mayoría, el convenio entre la empresa Southern Perú y la MPI para el financiamiento del programa “Mollendo Te Quiero Limpio”.

En el escrito, ambas regidoras argumentan que no hubo debate, ni estudio previo de la comisión de regidores correspondiente que atendiera los argumentos de las concejalas.

“Lo más grave, es no haber tenido en consideración que dicha empresa minera, es seriamente cuestionada por la población trabajadora y productora del valle de Tambo, de los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia, integrantes de la provincia de Islay” se lee en el punto 2.4 que complementa al siguiente “siendo el motivo principal del conflicto social, la desconfianza hacia la empresa minera, por no haber mostrado ni probado, respeto absoluto al medio ambiente y al principio de desarrollo sostenible”.

MUNICIPIOS NO PUEDEN TRATAR CON SOUTHERN

Aseguran, además, en ese contexto, que las municipalidades de Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia tienen, desde hace diez años, la posición institucional de no tener tratos ni convenios con el proyecto minero Tía María.

Por ello, agregan, que la MPI no debe celebrar tratos ni convenios con empresas inmersas en conflictos sociales “peor si tienen como repudiada estrategia el comprar voluntades con regalos” se lee.

BASE LEGAL

El basamento legal de este recurso de reconsideración, alegan las regidoras, está sustentado en el artículo 51° de la Ley Orgánica de Municipalidades.

OTRAS PRUEBAS

Finalmente, han adjuntado nuevos medios probatorios, como informes, de la Defensoría del Pueblo respecto al conflicto social y del Ministerio de Energía y Minas respecto a temas administrativos del proyecto Tía María. Frente a estos dos informes, conminan Canqui y Quispe, a que el alcalde Edgar Rivera deba oficiar a ambas instancias para que informen en relación a ello.

Se espera que el alcalde Rivera pueda admitir el recurso de reconsideración, darle el trámite pertinente y resolver conforme lo solicitan las regidoras.

Recurso de reconsideración.

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