POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
Supongamos que Juan labora en una entidad bancaria, y empieza a recibir órdenes con las cuales no está de acuerdo. Reclama verbalmente pero no es escuchado, y menos atendido. Sabe que tiene como opciones renunciar o presentar su queja por escrito; esto último para que el inmediato superior instruya a su jefe que varíe o deje sin efecto las tareas adicionales encomendadas. Sin embargo, Juan hace lo impensado, recurriendo a las redes sociales mostrando su disconformidad con el trabajo, y criticando a su vez al empleador. La institución reacciona, y como es prever lo despide por falta grave. Esta situación que ocurre comúnmente en el ámbito privado se le denomina principio de autoridad, toda vez que el vivir en democracia significa que somos una sociedad jerárquicamente organizada.
Y en sector público también opera, pues las acciones u omisiones de los funcionarios estatales son objetos de cuestionamientos no solo por parte de la ciudadanía, sino además de investigaciones por parte de órganos de control. Así, recientemente se conoció la suspensión sin goce de remuneraciones a Rafael Vela Barba, otrora poderoso Fiscal Superior Coordinador del Equipo Lava Jato, por inconducta funcional por parte de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANCMP). Los argumentos esgrimidos en la resolución de sanción son hartos conocidos, toda vez que Vela Barba “se fue de boca” al criticar abiertamente decisiones jurisdiccionales. Lo había hecho antes, solo que en esta oportunidad no se la pasaron por alto, y los magistrados ofendidos no se callaron y lo quejaron.
En su defensa, Vela Barba se ha victimizado alegando persecución de sus enemigos. Paralelamente, José Domingo Pérez (sí, el que no pasó el examen de conocimiento en el último proceso de ascenso para Juez Superior) salió presuroso a declarar que el próximo sancionado sería él, cuestionando a su vez la decisión de la ANCMP. Por su parte, la señora Patricia Benavides, Fiscal de la Nación, descartó injerencia alguna en la sanción impuesta; mientras que Arturo Fernández Jerí, titular de la ANCMP, sostuvo que “no hay fiscales dioses”.
Lo cierto es que tanto Vela Barba como Pérez Gómez, Juárez Atoche, Concepción Carhuancho, y un no muy largo etc., pertenecen a un grupúsculo de burócratas que usaron y abusaron del poder conferido para -por un lado- encarcelar arbitrariamente a personajes adversos al régimen del mitómano Martín Vizcarra, con el beneplácito de su entonces Jefe y hoy defenestrada Zoraida Ávalos; así como beneficiar ilegalmente a otros como la corrupta Odebrecht.
Es momento de seguir recuperando el principio de autoridad no solo en el Ministerio Público, sino hacerlo extensivo en todo el aparato estatal, sobre todo luego de los diecisiete meses de desgobierno del golpista Pedro Castillo Terrones.
