Los partidos políticos son responsables de presentar a sus mejores candidatos para las próximas elecciones parlamentarias. Si bien todos tienen derecho de ser elegidos y de elegir libremente, la norma actual establece una serie de impedimentos para ser candidato.

En el 2018, se aprobó una ley para que queden excluidos los sentenciados por terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual. Así como las personas condenadas por corrupción de funcionarios. En todos estos casos, la sentencia debe ser firme.

También existen otros casos de impedimentos como los deudores de alimentos y los que deben reparaciones civiles. «Hay una serie de requisitos que el jurado verifica”, indica Luis Eguzquiza, representante de IDEA Internacional.

La ley exige que personas con altos cargos se encuentran impedidas de postular, a menos que hayan renunciado seis meses antes del proceso electoral.

“En el caso de ministros, personas del Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría, Defensor del Pueblo, etc., las grandes magistraturas del Estado, la ley exige que la licencia sea presentada con seis meses de anticipación al proceso electoral”, dijo.

Antes de presentar la lista final ante el Jurado Nacional de Elecciones, los partidos debieron haber verificado minuciosamente los antecedentes de sus candidatos.

“Tienen que tratar de utilizar un mecanismo que se llama ventanilla única de uso electoral. En la ventanilla, uno puede filtrar si los candidatos tienen condena, si tienen deuda tributaria, si son deudores alimentarios”, manifestó.