En un “megajuicio” que se prolongó desde el mes de marzo hasta agosto, la fiscalía logró sentenciar a 10 exfuncionarios y proveedores, como responsables del delito de peculado doloso en agravio de la municipalidad distrital de Puquina, con penas que van desde los 6 hasta los 12 años con carácter de efectiva.
El juicio culminó con la lectura de sentencia el pasado 16 de agosto y estuvo a cargo del fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de General Sánchez Cerro, Persi Jordán Medina, quien sustentó las pruebas reunidas a lo largo de la investigación que terminó encontrando responsabilidad en el entonces alcalde y sus funcionarios.
El caso se remonta al año 2011 cuando vía resolución de alcaldía se aprobó el expediente técnico de la obra “Mejoramiento de las calles del C.P Salinas Moche, distrito de Puquina”, previamente se designa a funcionarios, quienes tenían conocimiento de los procesos y trabajos a ejecutarse.
Según la imputación fiscal, bajo un plan pre concebido y distribución de roles entre los cuales se encontraba el entonces alcalde de Puquina, Oscar Miguel Camargo Mamani, junto a los coimputados se apropiaron de 86 mil 674.74 soles, monto que se encontraba bajo su administración.
Para lograr tal fin simularon un proceso de menor cuantía, adjudicando la compra de materiales de agregados (arena, piedra) a la empresa Inversiones Sur Oriente, que además tenía registrado un giro distinto de servicios en la Sunat, proceso llevado a cabo por un comité especial seleccionado por el mismo alcalde.
En un segundo hecho, formularon una orden de compra por 39 mil 500 soles a favor de la empresa Gasa Group, para la compra de materiales de agregados, dinero extraído de los fondos de la municipalidad, materiales que nunca fue entregado por el proveedor, según corroboraron testigos y actas de asambleas realizadas en Chilata.
Sin contar que ambos procesos estuvieron llenos de irregularidades, finalmente el material suministrado a la obra fue entregado por la propia municipalidad, agregados extraídos de las canteras de los centros poblados de Talamolle y Chilata, utilizando maquinaria y personal de la propia comuna distrital.
Pese a que la empresa no cumplió con el servicio, se dio conformidad procediendo a realizar el pago, es decir diversos funcionarios validaron con informes y documentos por un servicio no existente, cumpliendo diferentes roles con el fin de apropiarse del monto antes mencionado.
Ante los hechos y pruebas expuestas por el fiscal durante las audiencias de juicio oral, finalmente el Juzgado Colegiado de Mariscal Nieto, concluyó que los imputados apartaron los recursos de la correcta administración, utilizando el cargo público que ocupaban para dar legalidad y trámite al proceso, pagando por un bien no entregado.
Es así que por unanimidad fallaron de la siguiente manera:
12 AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA:
- Oscar Miguel Camargo Mamani (alcalde)
- Julio Fran Gutiérrez Torres (jefe de Logística y presidente de comité especial)
- Guido Gregorio Pastor Aranibar (gerente de Infraestructura y miembro comité especial)
- Rafael Cristian Guzmán Mariño (residente de obra)
9 AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA:
- Henry Hawid Mamani Condori (tesorero Municipalidad)
- Pedro Edilberto Castillo Cuarite (sub gerente administración y miembro comité)
- Miguel Moises Ormeño Misajel (administrador y miembro comité)
- Cesar Abel Aquino Choque (Tesorero)
8 AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA:
- Norma Gómez Chire (representante empresa Inversiones Sur Oriente-proveedor)
6 AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA:
- Jaime Segundo Gallegos (representante empresa Gasa Group-proveedor)
El colegiado dispuso en la resolución que la pena se iniciará a partir de que esta decisión quede consentida o ejecutoriada, entre tanto deberán cumplir diversas reglas de conducta, el pago de una caución y se fijó el pago de una reparación civil que asciende a 150 mil soles para los autores.
