El dictamen del Congreso que propone restringir la participación del sector privado en la gestión de puertos en Perú ha generado preocupación entre gremios empresariales e inversionistas. La norma, que sigue en debate en la Comisión de Justicia del Parlamento, podría afectar el desarrollo del proyecto portuario de Corío, uno de los más prometedores en la costa sur del país y que está ubicado en la provincia de Islay.
Según informó el diario Gestión, el debate del dictamen —que modifica la Ley del Sistema Portuario Nacional— fue suspendido este miércoles luego de que los congresistas no alcanzaran un consenso, por lo que se decidió pasar a un cuarto intermedio.
INCERTIDUMBRE SOBRE LA INVERSIÓN PRIVADA
La propuesta legislativa plantea que ninguna infraestructura portuaria del país podrá ser administrada íntegramente por el sector privado. En cambio, se establece que el Estado deberá mantener el control mayoritario, limitando la participación privada al 40% mediante contratos de diez años prorrogables solo una vez.
El dictamen ha sido impulsado por la bancada de Perú Libre y ha despertado críticas en diversos sectores. Entre ellos destacan ComexPerú, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), que han advertido que este tipo de normas pondría en peligro uno de los sistemas logísticos más eficientes del país.
“Rechazamos el Proyecto de Ley N.º 9778/2024-CR, que propone limitar la participación privada y otorgar el control mayoritario al Estado. Esta iniciativa representa un grave riesgo para el desarrollo del sistema portuario nacional”, expresó ComexPerú, según publicó el portal de Gestión.
CORÍO EN LA MIRA DEL CAPITAL EXTRANJERO
Uno de los proyectos que podría verse directamente afectado por esta iniciativa legislativa es el puerto de Corío. Este terminal ha sido presentado en distintos foros como un eje de desarrollo logístico y una oportunidad para atraer inversión extranjera directa orientada a la exportación de minerales y otras materias primas.
Empresarios y especialistas han mostrado su preocupación por la incertidumbre jurídica que generaría la nueva norma, lo cual podría alejar definitivamente el interés de capitales privados internacionales en este megaproyecto.
“Modificar arbitrariamente las reglas del juego vulnera contratos de concesión vigentes, ahuyenta nuevas inversiones y puede generar controversias legales que afecten la credibilidad del país”, alertó la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).
FISCALIZACIÓN MÁS RÍGIDA Y SANCIONES PENALES
Además de limitar la participación privada, el dictamen propone la creación de una Unidad de Fiscalización y Control de Salidas en todos los terminales portuarios del país. Esta instancia estaría encargada del pesaje, control e identificación de mercancías, incluyendo metales y materias primas, en coordinación con la Sunat.
De aprobarse, se prohibiría la salida de cargamentos sin autorización del fiscalizador portuario y también se restringirían los despachos entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. El incumplimiento podría derivar en penas de entre seis y doce años de prisión, al modificar el artículo 310-B del Código Penal.
EXPERTOS CUESTIONAN CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO
Desde el ámbito jurídico, el abogado Eduardo Ortega, especialista en derecho administrativo del estudio Garrigues, advirtió que la norma podría vulnerar el principio de subsidiariedad recogido en la Constitución de 1993. Este principio establece que la actividad empresarial del Estado solo puede darse en casos de ausencia o insuficiencia de oferta privada, y bajo criterios de interés público claramente justificados.
“La Constitución exige una ley formal expresa, ausencia de oferta privada y conveniencia nacional manifiesta. Este proyecto no justifica su necesidad ni evalúa su impacto”, comentó Ortega.
Tanto Ositrán como el Ministerio de Justicia también han formulado observaciones al dictamen, precisamente por su cuestionada legalidad.
UN RETROCESO PARA EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
Los gremios han recordado que, gracias a la participación privada, el sistema portuario peruano ha duplicado su capacidad de carga de contenedores desde 2011, se han invertido más de 2,300 millones de dólares y se han generado alrededor de 50 mil empleos directos e indirectos.
“Es totalmente innecesario, debilita la institucionalidad, entorpece la operatividad portuaria y socava los pilares sobre los que se construye la logística nacional”, señaló la CCL. (Con información de gestión.pe)
