Proyecto de ley propuesto por los gobernadores del sur llevaría al colapso al sector minero y al país

POR: ÁNGEL ROJAS ROSALES

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A quien le quepa la menor duda de que la asonada en Tía María, por cierto muy bien orquestada por los sectores más radicales de la izquierda peruana, busca en un primer momento paralizar (sino destruir) la actividad minera con miras colapsar la economía nacional, para luego en un segundo momento, estando el país en un estado de anarquía, proceder al cambio de la Constitución Política del Estado y en especial el Capítulo Económico, ese mismo capítulo que este sector trasnochado señala ser el culpable de todos los males del país.

En ese sentido debo de señalar que la algarada ya empezó, y de qué manera, a través de la propuesta de una nueva Ley General de Minería, la misma que sin descaro alguno pretende “impulsar” a modo de aperitivo, una sobrecarga a todo el sector minero, y como sobre mesa, la creación de una empresa estatal minera, lo que traerá como consecuencia inmediata que toda la inversión privada se ahuyente del país, destruyéndose de esta forma todo vestigio de competitividad en dicho sector, y por qué no decirlo, disminuyendo de manera ostensible los ingresos para el país y por ende mayor pobreza.

Pero esta novela, mejor dicho, este drama ya lo hemos vivido, por lo menos quienes pintamos canas, con la nefasta política estatista de las décadas de los años 70 y 80 puesta en escena, en primer término, por los dictadores Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez, y en segundo término, por los presidentes constitucionales Fernando Belaunde Terry y Alan García Pérez, décadas que se caracterizaron, entre otros aspectos negativos, por la creación de empresas públicas de manera irresponsable y populista como PESCA PERÚ, MINERO PERÚ, HIERRO PERÚ, ENTEL PERÚ y todo lo que termine en Perú, lo que a la postre significó la quiebra de la economía nacional y la terrible hiperinflación, consecuencias que los jóvenes de hoy en día no han escarmentado, de allí que su sentir político sea muy proclive a estos andares radicales, sin embargo, no hace falta experimentar para conocer, sino que basta con leer nuestra reciente historia e interpretar de manera objetiva nuestra realidad para no tropezar dos veces con la misma piedra.

Pero volviendo al tema que me ocupa, debo de señalar que el nuevo proyecto de ley implica una expropiación encubierta, toda vez que se propugna que el 80% de las utilidades de las empresas se queden en poder del Estado, lo que de prosperar significaría el colapso de dicho sector, máxime si además se elimina el régimen de devolución definitiva del Impuesto General a las Ventas (IGV) para esta actividad, lo desencadenaría necesariamente en una ola de paralizaciones en lo que la exploración minera se refiere, peor aún si esta tendencia decreciente ya se registra en la actualidad con una caída mayor al 50% en los últimos 5 años y de 17% en el primer semestre del 2019.

Pero las propuestas negativas continúan, ya que este proyecto propone además la alteración del régimen de concesiones y derechos mineros en todo el territorio nacional, lo que afectaría la estabilidad jurídica que debe tener todo país. Del mismo modo se debilitaría los mecanismos de fiscalización ambiental referente a la gran y mediana minería, la misma que actualmente está a cargo de una institución técnica e independiente como es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), pese a que dicha función ya la tienen los gobernadores en lo que a la pequeña minería y minería artesanal se refiere, la misma que ha sido desbordada, con lo que se promovería la extracción ilegal de minerales que tanto daño hace al país.

En fin, todo un pandemónium en donde el gobierno, lejos de ponerse de parte de un estado constitucional de derecho, no hace más que claudicar en sus funciones al tratar de promover una  nueva Ley General de Minería impuesta por un sector radical que solo tiene como objetivo el colapso de la actividad minera, con la consecuente disminución de recursos que tanto requiere el país para su desarrollo integral, en ese sentido, esperemos que el Congreso de la República, que es en donde se debatirá esta iniciativa, este a la altura de las circunstancias y mande al archivo tremendo e irresponsable despropósito.

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