POR: JESÚS LIENDO BELTRAMÉ

Una Política Nacional Marítima, es una declaración de principios y objetivos para orientar las decisiones en el sector del transporte marítimo. Mediante esta política, el país podrá hacer realidad su visión sobre el sector garantizando que el sector es gobernado de una manera eficiente, sostenible, segura y ambientalmente racional.

El Gobierno Nacional mediante el Decreto Supremo N° 012-2019-DE, aprobó la Política Nacional Marítima 2019-2030, la cual fue elaborada por la Comisión Multisectorial Permanente de la Acción del Estado en el Ámbito Marítimo (Comaem) presidida por la PCM, conformada por Ceplan y nueve ministerios, y donde la Marina de Guerra ejerció la Secretaría Técnica. Esta importante norma era esperada desde la década de los 90 y ha venido siendo impulsada por la Marina de Guerra con la valiosa colaboración del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú.

Tratándose de una Política Nacional es de cumplimiento obligatorio por todas las entidades de los diferentes Poderes del Estado, Organismos Constitucionales Autónomos y de los diferentes niveles de gobierno. También es de obligatorio cumplimiento para el sector privado y la sociedad civil, en cuanto le sea aplicable, entendiéndose que una Política Nacional es la norma que  emite el Poder Ejecutivo en su calidad de ente rector, con el propósito de definir objetivos prioritarios, lineamientos y contenidos principales de las Políticas Públicas, así como los estándares nacionales de cumplimiento y provisión que deben ser alcanzados para asegurar una adecuada prestación de los servicios y el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas, la Política Nacional Marítima debe orientar las actividades públicas y privadas para así alcanzar una adecuada gobernanza marítima, a nivel de Estado.

La correcta aplicación de esta Política Nacional Marítima permitirá que el Estado, permite el uso y explotación integral de nuestros recursos naturales y la promoción y fortalecimiento de las actividades marítimas buscando el bien común de la población y desarrollo del Perú. Asimismo su importancia está en la articulación e incorporación de normas emitidas por todos los niveles de gobierno,  que regulan, controlan y fomentan las actividades  para el mejor beneficio del mar, lo cual permitirá complementarse para lograr un desarrollo integral y sistémico que posibilite el seguimiento y control de nuestro dominio marítimo y actividades marítimas para alcanzar la sostenibilidad del medio ambiente, preservación de ecosistemas y desarrollo de actividades socioeconómicas.

Somos un país marítimo, lacustre y fluvial, con más de 3,000 km. de costa y una extensión de 65% del territorio continental que forma nuestro dominio marítimo, poseer el lago navegable más alto del mundo y ríos navegables que nos permiten conectarnos con el océano Atlántico, además, tenemos intereses en la Antártida y somos parte consultiva del Tratado Antártico.

La Política Nacional Marítima está vinculada con los siguientes principios:

El comercio marítimo, con efectos principalmente en el campo económico y político (marina mercante, puertos, cabotaje, aduanas, agencias marítimas, corredores logísticos, etc.).

La conservación y el aprovechamiento de los recursos marinos renovables, a fin de garantizar su sostenibilidad.

El aprovechamiento de los recursos marinos no renovables, en lo que se refiere a los recursos minerales y energéticos.

La Investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el campo de las ciencias del mar y sus ciencias relacionadas.

La Industria de construcciones y reparaciones navales, para satisfacer los requerimientos de los buques y embarcaciones.

La identidad del poblador peruano con su mar, su vinculación con el medio para su uso y protección, así como la conciencia marítima, para su desarrollo humano en actividades vinculadas con el mar.

Las relaciones con países de interés y las que derivan del marco jurídico nacional e internacional, que determinan las reglas con las que el Estado debe actuar, con visión geopolítica, para orientar decisiones.

La presencia del Estado en resguardo de la soberanía nacional, en el control, la protección y la seguridad de los intereses marítimos, mediante el poder naval y el ejercicio de la autoridad marítima.

El medio ambiente marino en lo referente a la protección, ecología, áreas protegidas, ordenamiento territorial y espacial, entre otros.

La conservación del medio ambiente marino y su biodiversidad.

El desarrollo de actividades turísticas vinculadas al mar como actividades recreativas, observación de especies marinas silvestres y otras actividades turísticas sostenibles.

Los que en el futuro puedan desarrollarse, en función de los cambios del contexto mundial y que deben ser objeto de estudio y análisis permanente para el conocimiento de nuestra realidad marítima.

Bajo este panorama, esperemos que nuestras autoridades participen activamente en el aprovechamiento de esta importante norma que tiene un papel preponderante en nuestro desarrollo y prosperidad y que concierne a las necesidades y demandas de la población, como verdaderos espacios de crecimiento y desarrollo local y regional.