El abogado Carlos Cosavalente Chamorro, procurador público de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) solicitó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que disponga aperturar una investigación preliminar contra Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente, por el presunto delito de usurpación de funciones.
El procurador justifica este pedido por tratarse de denunciados «son funcionarios públicos con calidad de inmunidad parlamentaria por ser congresistas integrantes de la Comisión Permanente». En ese sentido, solicita también el levantamiento de esta prerrogativa para que sean investigados.
En su carta, el procurador también pide que la Comisión Permanente del Congreso remita el Diario de Debates del 2 de octubre «para identificar» a los congresistas miembros de la Comisión Permanente que votaron para autorizar al Pedro Olaechea presentar una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional.
Un día antes, el presidente de la República Martín Vizcarra se pronunció sobre la reciente demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la decisión del Gobierno de disolver el Congreso presentada por Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente.
«El señor Olaechea no es presidente del Congreso, y si presenta un documento firmando como presidente del Congreso, está infringiendo una norma, está usurpando un cargo que no le corresponde. El señor Pedro Olaechea es presidente de la Comisión Permanente, no es presidente del Congreso porque usando el respaldo de la ley el Congreso ha sido disuelto y va a nuevamente elegirse el 26 de enero (…) Es una usurpación de funciones que haga algún trámite o alguna gestión (como presidente del Congreso)», señaló.
Cabe precisar que en el recurso que presentó Olaechea, y que firma como presidente del Congreso, solicita que se dicte una medida cautelar para dejar sin efecto la resolución suprema con la que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció el cierre del Parlamento.
En el documento, se solicita: «Que se declare que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para realizar pedidos de cuestión de confianza respecto a atribuciones que son de competencia constitucional exclusiva del Congreso, ya que ello significa menoscabar atribuciones».