POR: CÉSAR A. CARO JIMÉNEZ
Sin lugar a dudas, el periodismo, sobre todo el escrito, está enfrentando a nivel nacional sus horas más difíciles, no solo por los problemas económicos que se derivan de los avances tecnológicos sino también de lo que allá por el año 1866, el filósofo Johann Erdmann definió como la “forma nuclear de la estupidez” que se refiere a la estrechez de miras.
De ahí la palabra mentecato, privado de mente. Estúpido es el que sólo tiene en cuenta un punto de vista: el suyo. Por ello, cuanto más se multipliquen los puntos de vista, menor será la estupidez, mayor la inteligencia y mayor el deseo de información, cultura y trasparencia sobre la “cosa pública”. Deseos cuyo crecimiento y vigencia quiere evitar a toda costa la corrupción en el sector público, que es un problema endémico que amenaza directamente la democracia y el desarrollo de una ciudad, una región o nación y en este caso a Prensa Regional, cuyo arrojo merece nuestro respaldo total.
Uno de los peligros menos visibles, pero igualmente preocupantes que la corrupción en el sector público plantea es la amenaza soslayada a la libertad de prensa. La prensa juega un papel fundamental en una democracia al actuar como un contrapeso al poder y al informar a los ciudadanos de manera independiente y objetiva. Sin embargo, cuando los medios se ven obstaculizados por la corrupción, su capacidad para informar de manera veraz y crítica se ve comprometida. Los funcionarios corruptos a menudo intentan influir en los medios de comunicación y limitar su capacidad para investigar y publicar casos de corrupción. Utilizan su poder y recursos para silenciar a los comunicadores valientes que intentan exponer las prácticas corruptas y advertir al público de sus efectos perjudiciales. Además, la corrupción en el sector público puede resultar en la cooptación de medios de comunicación o la creación de monopolios mediáticos controlados por intereses corruptos.
Otra consecuencia de la corrupción en el sector público es la desinformación o incapacidad para obligar a un contratista a cumplir estrictamente con el contrato de construcción. Cuando los funcionarios públicos se involucran en actos corruptos, como aceptar sobornos o favores de contratistas, estos actos tienen un efecto directo en la ejecución de proyectos de construcción. Los contratistas corruptos pueden obtener contratos sin cumplir con los requisitos necesarios, lo que lleva a una mala calidad de construcción, retrasos y sobrecostos significativos. Además, la falta de supervisión adecuada y de rendición de cuentas permite que los contratistas incumplan con lo estipulado en el contrato sin consecuencias legales.
Esta corrupción en el sector de la construcción no solo perjudica a los ciudadanos que sufren las consecuencias de una infraestructura deficiente, sino que también despoja al sector público de recursos que podrían destinarse a sectores más necesitados, como la educación o la salud.
Para abordar estos problemas sistémicos, es crucial fortalecer los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas en el sector público. Las leyes y regulaciones deben ser más sólidas y efectivas, e ir acompañadas de una voluntad política real para combatir la corrupción. Es de vital importancia que los periodistas y los medios de comunicación tengan protección y apoyo para su trabajo de investigación y denuncia de la corrupción. Además, los procesos de contratación y supervisión de proyectos de construcción deben ser más transparentes y sujetos a auditorías externas. Los contratistas deben ser evaluados rigurosamente en función de su capacidad técnica y ética, y se deben establecer mecanismos para sancionar aquellos que incumplan con los términos del contrato.
Por ello, en lo que respecta al contenido del último comunicado del PEPG sobre el proyecto Irrigación de las Lomas de Ilo y lo publicado en Prensa Regional, creo que el mismo desliza una amenaza velada a la libertad de prensa, a la vez que continúa omitiendo aclarar puntos básicos como son el costo total de la obra y su financiamiento hasta el momento, el papel de la del Consorcio Obrainsa Astaldi y los aspectos legales con la misma, que por “descuido” y/u “omisión quizás harto interesada” pueda ocasionar serios perjuicios a nuestra región. ¡El problema no reside en que llegue el agua, sino en qué condiciones técnicas, económicas y legales como lo señalan Vílchez y Zeballos, a quienes saludo por sus conocimientos y valentía!
