La Contraloría General evidenció irregularidades en el Gobierno Regional de Moquegua por la ejecución de los servicios de instalación de agua y biodigestores en los refugios destinados a enfrentar el proceso eruptivo del volcán Ubinas, ubicado en la provincia General Sánchez Cerro. Estas irregularidades han causado un perjuicio económico total de 129 mil 132 soles para el Estado.
El volcán Ubinas es considerado el más activo del Perú y en 2019 registró episodios explosivos con emisión de cenizas, lo que llevó a la declaración de estado de emergencia por peligro inminente del distrito y las localidades cercanas al volcán. En este contexto, la entidad regional llevó adelante contrataciones de manera directa para contrarrestar las repercusiones de este fenómeno geológico.
CONTRATOS EN LA GESTIÓN DE ZENÓN CUEVAS
El Informe de Control Específico N° 015-2023-2-5347 evaluó tres contratos realizados por el GORE Moquegua durante el período del 19 de diciembre de 2019 al 30 de diciembre de 2020.
En el informe, se ha encontrado posible responsabilidad civil en cinco exservidores que trabajaron durante ese período como responsables e inspectores de las actividades de emergencia mencionadas.
LAS IRREGULARIDADES
Los auditores identificaron irregularidades en el servicio de suministro e instalación de agua para consumo humano en el albergue de Sirahuaya del centro poblado Anascapa. En este lugar, el contratista incumplió con los términos de referencia al no proporcionar la protección adecuada para la tubería, además de haber colocado el ducto debajo de piedras y rocas sin la debida protección.
A pesar de estas deficiencias, se aprobó el servicio y se validó un certificado de calidad incorrecto, lo que resultó en el pago total del servicio a pesar de que no se habían completado todas las partidas (frentes de trabajo), causando un perjuicio económico al Estado de 66 mil 841 soles.
Además, en el servicio de suministro e instalación de biodigestores, se determinó que el contratista debía suministrar e instalar 6 biodigestores de 7 mil litros de capacidad, pero no cumplió con estas obligaciones. De los 6 biodigestores auto – limpiantes, cuatro se instalaron parcialmente y dos no se instalaron en su totalidad, quedando expuestos a la intemperie. A pesar de esto, se aprobó el servicio sin imponer la penalidad correspondiente, lo que resultó en un perjuicio económico al Estado de 15 mil 350.
Finalmente, en el servicio de suministro e instalación de acueductos a todo costo en el albergue de Sirahuaya, se descubrió que los trabajos se realizaron sin los estudios básicos de ingeniería necesarios, como el levantamiento topográfico y la mecánica de suelos.
Además, se modificó la longitud, cantidad y ubicación de los acueductos sin la debida autorización u opinión técnica del proyectista. También se permitió que el contratista ejecute partidas en cantidades menores a las requeridas y por el cual se le pagó la totalidad del servicio, lo que resultó en un perjuicio económico de 46 mil 940.
El informe fue comunicado a la gobernadora regional y se recomendó a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República iniciar acciones civiles contra los presuntos responsables para recuperar el perjuicio económico causado al Estado.
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