Arribó a la ciudad de Moquegua e Ilo el contralor general de la república, Nelson Shack Yalta, con la finalidad de verificar in situ el despliegue de la reforma del control en las provincias de Mariscal Nieto, Ilo y Sánchez Cerro, además sostener reunión con los municipios y el Gobierno Regional Moquegua (GRM).
Lo que se busca, es absorber administrativamente la Oficinas de Control Institucional (OCI) del GRM por parte de la Contraloría General de la República, debido a que anteriormente hubo poco control. En la mayoría de distritos del Perú, nunca se hizo una auditoría, no se revisó cuentas y no se les dijo nada de lo que hicieron en las gestiones ediles, esa realidad ahora va cambiar.
“Se va a tener una oficina de Contraloría en cada provincia y región, se estará absorbiendo la OCI del GRM y de los municipios provinciales antes de fin de año, con lo cual funcionarios de Contraloría se harán cargo de manera autónoma e independiente del ejercicio de control en todo el País”, aseveró.
La Oficina de Control de Moquegua, dependerá total y administrativamente de la Contraloría General de la República, quienes también pagarán a los profesionales, en cuanto a sueldos, viáticos y si necesitan peritos, lo que servirá para fortalecer el control.
A más tardar en el tercer trimestre del presente año se cumplirá con el proceso, que conllevará a realizar toda una reingeniería al interior de la oficina, que será dotada por nuevos profesionales.
La propia ciudadanía va a poder hacer un mayor control social sobre las obras, con el nuevo estándar de transparencia, donde cada informe que se emita será publicado íntegramente.
La Contraloría estará verificando los expedientes técnicos y las bases del concurso, se estará emitiendo un informe alertando una situación adversa, sobre todo la cantidad de adicionales de obra y plazos.
“En los expedientes técnicos está el tema de la coima, es decir la sobrevaloración de las obras, lo cual causa un perjuicio económico al Estado. Nosotros vamos a estar detrás para informar a la ciudadanía y a las autoridades ejecutoras si la ampliación de plazo y de monto es razonable o no”, concluyó.