La constructora brasileña Odebrecht, interpuso una demanda ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, CIADI, contra el Estado peruano por el Gasoducto Sur Peruano, un proyecto de más de 7,000 millones de dólares que se encuentra paralizado hace más de cuatro años.
En el portal web del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) se consigna que la demanda de la constructora, involucrada en la trama de corrupción del caso Lava Jato, fue recibida el martes 04 de febrero.
Ahora el Tribunal Arbitral del Banco Mundial deberá revisar la demanda interpuesta contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para definir si la acepta o la rechaza. Pero no es la primera vez que Odebrecht lleva al Estado peruano a un arbitraje por este proyecto.
Hace más de tres años, el grupo brasileño planteó una demanda contra el Perú a través de sus subsidiarias Odebrecht Latinvest S.A. y Odebrecht Latin Finance S.A.R.L., invocando el tratado bilateral de inversión vigente entre el Perú y el Gran Ducado de Luxemburgo, lugar de constitución de ambas firmas subsidiarias.
Esta demanda ante el CIADI se da en medio de un acuerdo de colaboración eficaz entre la constructora brasileña y la justicia peruana, que, incluso, permitió que el Perú libere S/438 millones a favor de Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.
El Gasoducto del Sur consistía en el tendido de más de 1.000 kilómetros de tuberías que debían partir del yacimiento de Camisea, en la selva del Cusco, y cruzar la compleja geografía de los Andes para desembocar en la costa pacífica.
La concesión de la obra, en junio de 2014 durante el Gobierno del expresidente Ollanta Humala, fue muy cuestionada. En esa oportunidad compitió un único postor, un consorcio conformado por Odebrecht y la española Enagás, a las que luego se les sumó la constructora Graña y Montero.
