POR: JULIO FARFÁN VALVERDE
Partidas de nacimiento, declaraciones juradas y un audio revelarían que la trabajadora negó ser hermana de la funcionaria que ocupa un cargo de confianza de la gobernadora Gilia Gutiérrez. Contrataciones durante los años 2025 y 2026, encontrándose actualmente laborando en las oficinas de la Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada del GORE Moquegua.
Una investigación conjunta realizada por la Unidad de Investigación (UDI) de Prensa Regional y el consejero regional Ángelo Sleyther Quilco Flores, en ejercicio de su función fiscalizadora, ha puesto al descubierto un caso que genera serios cuestionamientos sobre el manejo de las contrataciones en el Gobierno Regional de Moquegua.
La investigación apunta a la contratación de Anali Fátima Ayala Lima, hermana consanguínea de Milagros Soledad Ayala Lima (conocida como “MISOL”), actual jefa de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Moquegua y funcionaria de confianza de la gobernadora.
La documentación obtenida revela que ambas son hijas de los mismos padres, conforme consta en sus respectivas partidas de nacimiento. Sin embargo, Anali Fátima Ayala Lima habría declarado formalmente, tanto al incorporarse a la entidad en 2025 como durante 2026, que no tenía parentesco con funcionarios o servidores públicos del Gobierno Regional de Moquegua.
La contratación no sería un hecho aislado. La trabajadora viene prestando servicios desde 2025 y actualmente continúa contratada durante el presente año 2026 (10 meses continuos de labores), pese a las restricciones legales que deben observarse cuando existe un vínculo familiar con funcionarios que ejercen posiciones de funcionarias públicas y de confianza de la primera autoridad regional de Moquegua.
DOS HERMANAS, DOS DECLARACIONES Y UNA CONTRADICCIÓN
Uno de los elementos centrales de la investigación son las partidas de nacimiento oficiales que acreditan que Milagros Soledad y Anali Fátima Ayala Lima son hermanas. A ello se suma una declaración jurada presentada por Anali Fátima en 2025 y otra correspondiente al año 2026, documentos en los que habría consignado que no mantenía vínculo familiar con funcionarios o servidores del Gobierno Regional de Moquegua. Pero existe un elemento adicional.
Durante una labor de fiscalización, el consejero regional Ángelo Sleyther Quilco Flores preguntó directamente a Anali Fátima Ayala Lima si mantenía algún vínculo familiar con la jefa de Recursos Humanos. Ante la consulta, la trabajadora habría negado que Milagros Soledad Ayala Lima fuera su familiar y, específicamente, habría manifestado que no era su hermana y que los apellidos podían coincidir, pero que no tenía parentesco con la jefa de Recursos Humanos. Dicha conversación habría quedado registrada en un audio, elemento que, junto con las partidas de nacimiento y las declaraciones juradas, deberá ser evaluado por las autoridades competentes.
La contradicción adquiere mayor relevancia porque en redes sociales existen fotografías y videos en los que ambas se presentan públicamente como hermanas.
EL VÍNCULO QUE NO PODÍA PASAR DESAPERCIBIDO
La investigación también ha establecido que Milagros Soledad Ayala Lima y Anali Fátima Ayala Lima son naturales de Omate, localidad donde, por sus propias características sociales y demográficas, los vínculos familiares y personales son ampliamente conocidos.
Ambas, además, comparten los apellidos Ayala Lima, circunstancia que razonablemente debía generar, como mínimo, una verificación del vínculo familiar antes de permitir que una de ellas continuara prestando servicios en la misma entidad donde la otra ocupa actualmente la jefatura de Recursos Humanos.
Milagros Soledad Ayala Lima fue designada inicialmente como subgerente de Desarrollo Social mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 357-2025, de fecha 17 de noviembre de 2025, y posteriormente asumió la Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos, cargo de confianza de la gobernadora regional.
FORMALMENTE LA CONTRATACIÓN PASÓ POR LOGÍSTICA
Un aspecto que deberá ser esclarecido es que la contratación de Anali Fátima Ayala Lima no fue requerida ni suscrita directamente por la Oficina de Recursos Humanos, sino que fue tramitada mediante las áreas de Logística y Servicios Generales. Sin embargo, ello no elimina la necesidad de determinar si existió conocimiento, influencia o intervención indirecta de funcionarios de confianza.
Precisamente por ello, la investigación no se limita a establecer quién firmó las órdenes de servicio. Lo que corresponde determinar es quién realmente solicitó los servicios, quién evaluó la documentación, quién verificó las declaraciones juradas y si algún funcionario conocía previamente el vínculo familiar.
Más aún cuando la Oficina de Recursos Humanos constituye el órgano especializado encargado de conducir y supervisar aspectos relacionados con la gestión de los recursos humanos de la entidad, y todos los gerentes, así como los demás funcionarios, dependen de un control laboral funcional de dicha área.
¿POR QUÉ NO APARECÍA EN EL SISTEMA?
Otro hecho que ha llamado la atención durante la fiscalización el Ángelo Sleyther Quilco Flores advirtió que, al intentar verificar públicamente la información de Milagros Soledad Ayala Lima en el sistema informático institucional de acceso público, sus datos no aparecían disponibles de la misma manera que los correspondientes a otros trabajadores.
Este hecho deberá ser esclarecido técnicamente por el área responsable del sistema y por los órganos de control. Pero sí resulta legítimo preguntar por qué una funcionaria contratada por el Gobierno Regional no podía ser ubicada mediante el mecanismo de consulta pública utilizado para verificar la información de otros servidores.
UNA CONTRATACIÓN QUE CONTINÚA
Lo más relevante es que los hechos no corresponden únicamente a una contratación pasada. Anali Fátima Ayala Lima fue contratada durante 2025 y continuó prestando servicios durante 2026 (laborando 10 meses continuos, con S/ 3,000 mensuales), incluso cuando su hermana ya había asumido cargos de confianza de Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala hasta ocupar la Jefatura de Recursos Humanos.
Esto convierte el caso en un asunto que requiere una revisión integral de los contratos, órdenes de servicio, requerimientos, términos de referencia, declaraciones juradas, conformidades y pagos efectuados desde su primera contratación. También deberá establecerse si existieron otros postulantes o proveedores que pudieron haber competido por dichos servicios y si la contratación respondió a criterios objetivos o terminó favoreciendo y “direccionando la contratación” a una persona vinculada familiarmente con una funcionaria de confianza.
GOBERNADORA DEBE DAR EXPLICACIONES
El caso alcanza políticamente a la gobernadora regional Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala, no porque la documentación conocida hasta el momento demuestre que haya intervenido personalmente en la contratación, sino porque ambas hermanas forman parte del entorno social y político de Omate y existirían vínculos públicos entre ellas y la actual administración regional.
La investigación periodística también ha identificado coincidencias de participación y simpatía política en torno al partido Perú Primero, organización en cuyo entorno participan diversos actores vinculados a la actual gestión regional, como las mencionadas.
Estos elementos, por sí solos, no prueban un delito ni convierten automáticamente una contratación en ilegal. Sin embargo, sí justifican que los órganos competentes determinen si existió favoritismo, influencia indebida, nepotismo o cualquier otra forma de utilización irregular de la función pública.
CONTROL INTERNO Y FISCALÍA DEBEN INVESTIGAR
Las evidencias reunidas —partidas de nacimiento, declaraciones juradas, documentación contractual, audio de la fiscalización y material público difundido en redes sociales— ameritan, como mínimo, una verificación formal por parte de los órganos de control.
La Contraloría y el propio Gobierno Regional deberán determinar si se vulneraron las normas que regulan el acceso y la contratación de personas vinculadas familiarmente con funcionarios públicos. Asimismo, corresponde al Ministerio Público, si encuentra elementos suficientes, determinar de oficio o mediante denuncia si los hechos podrían revestir relevancia penal.
La investigación deberá establecer no solo la eventual responsabilidad administrativa y penal de la trabajadora que habría consignado información incompatible con la realidad, evidenciando una falsa declaración en un procedimiento administrativo, sino también si algún funcionario tuvo conocimiento del parentesco, permitió la contratación, ejerció influencia o incumplió deliberadamente sus deberes funcionales, porque el verdadero problema no es solamente que dos hermanas trabajen en una misma entidad pública.
El problema es determinar si una de ellas llegó a ser contratada y permaneció en el Gobierno Regional mientras la otra ocupaba un cargo de confianza, pese a existir restricciones legales, y si para conseguirlo se ocultó o negó deliberadamente un vínculo familiar que ahora aparece acreditado documentalmente.
La respuesta ya no corresponde únicamente a la política. Corresponde a los órganos de control y a la justicia, representada por el Ministerio Público, quien debería actuar de oficio.
