Entrevista con Miguel Incháustegui, exministro de Energía y Minas y miembro del Consejo Consultivo de Premios ProActivo 2022, que, en su quinta edición, reconoció a las iniciativas minero – energéticas que contribuyen al desarrollo sostenible en las regiones donde opera.
En contexto político difícil, ¿las empresas mineras tienen fe en seguir invirtiendo en el país?
La actividad minera es de mediano y largo plazo. La cartera de inversión minera es muy importante. Si bien hay ahora una baja en el precio de los metales, sigue siendo un nivel interesante. Por otro lado, el cambio de la matriz energética en el mundo está demandado mayor volumen de minerales de América Latina. Entonces, a pesar de la incertidumbre política sigue habiendo proyectos interesantes por hacer. Tenemos a Yanacocha Sulfuros que son $2,500 millones; Antamina quiere invertir $1,600 millones al 2036; está Zafranal, Magistral y otros que demuestran que la inversión está ahí. El desafío es cómo lograr una minería que sea aliada al desarrollo y veo que las empresas tienen esa intención, pero el Estado debe promover espacios de diálogo.
¿Viene mejorando la comunicación entre minería y comunidades? ¿Por qué seguimos viendo conflictos sociales?
Falta mucho por hacer. Pero estamos alentando a que el gobierno y las empresas, conjuntamente con las comunidades y las ONG, vean temas sobre cómo colaborar entre todos para generar un mayor desarrollo. Necesitamos un diálogo proactivo que ponga los temas de desarrollo al centro, porque lamentablemente los conflictos sociales no se están resolviendo a tiempo. Sin embargo, es posible construir una minería sostenible sobre la base del diálogo y la colaboración.
¿Cuál es el papel de Premios ProActivo 2022 en este contexto?
Premios ProActivo 2022 se ha realizado por quinto año consecutivo y lo que busca es reconocer el esfuerzo que hacen las empresas del sector minero – energético para ejecutar proyectos de desarrollo sostenible que ayuden a su entorno. En ese año, ha habido siete categorías: Gran Minería; Mediana Minería; Pequeña Minería y Artesanal; Energía; Instituciones vinculadas al sector; Proveedores; e Hidrocarburos.
¿Cuál es el impacto de estas iniciativas en favor de la población?
Estas iniciativas colaboran con el entorno, ayudan a resolver algunas necesidades mediante proyectos que impulsan el desarrollo sostenible en las zonas donde se encuentran las empresas. Estamos reconociendo las buenas prácticas de proyectos que ayuden. Por ejemplo, en el caso de la Gran Minería, ha ganado Las Bambas con un proyecto de transformación digital; y la Compañía Minera Ares con una iniciativa de impulso productivo. En Mediana Minería, Panamerican Silvers ha ejecutado una iniciativa sobre cómo adaptarse al cambio climático; mientras que Minera Poderosa ejecuta un proyecto vinculado a la nutrición para que la población de la zona pueda tener una mejor producción de papa.
¿Cómo puede colaborar más el sector privado en el desarrollo de las regiones?
Hay que reconocer el esfuerzo del Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero Energéticas “Rimay”, donde -entre 2018 y 2019- se construyó la visión de la minería al 2030, y que a la fecha tiene un espacio de diálogo en Moquegua y se viene creando otro en Cajamarca. Hay que seguir impulsando este modelo que nos haga reflexionar sobre las necesidades de las regiones y una minería más sostenible. Lo que falta es que la producción minera se transforme en desarrollo sostenible en corto tiempo, y para eso son los espacios de diálogo.
¿El Estado debe liderar ese diálogo o el empresariado debe tener un rol más protagónico?
Si uno de los actores no toma el liderazgo por diversas razones, las empresas y las comunidades deberían promover estos espacios. Ahora, el Ministerio de Energía y Minas está haciendo todo un esfuerzo para generar diálogo en las zonas de conflicto, especialmente en Las Bambas; sin embargo, las empresas deberían ahí tener una actitud más proactiva para dejar la confrontación y poner el diálogo al centro.
