POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
Antes de ser elegido como vicepresidente, a la par de ser designado como ministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, para luego asumir como mandatario ante la forzada renuncia de éste, Martín Vizcarra se desempeñó como gobernador regional de Moquegua (2011-2014). Por su condición de primer ciudadano del país, Vizcarra Cornejo está inhabilitado de ejercer la función pública -hasta en dos oportunidades por parte del Parlamento- por 10 años; es decir, no podrá contratar bajo cualquier modalidad con el Estado durante ese tiempo. En adición, el pasado mes de marzo, el Congreso de la República lo denunció constitucionalmente por los presuntos delitos de tráfico de influencias y otros, en la contratación ilegal del controvertido “Richard Swing”. A pesar estas severas sanciones, el polémico mitómano postuló como legislador, obteniendo una curul, aunque no juramentó por la prohibición antes comentada.
Sin embargo, en un inesperado revés procesal, en pleno juicio oral por el caso denominado “Lomas de Ilo”, hace una semana Elard Paul Tejada, exdirector de la corrupta Obrainsa afirmó haberle entregado coima por 1 millón de soles cuando fue GORE de Moquegua. Dos años antes, José Manuel Hernández, extitular de Agricultura, acogiéndose a la colaboración eficaz, literalmente lo “echó”, acusándolo de haber recibido soborno por S/ 1.3 millones por parte de ICSSA e INCOT para que les otorgasen la buena pro en la construcción del hospital de Moquegua.
En su defensa y a través de las redes sociales, Martín Vizcarra comentó “hoy declaró el único testigo de la fiscalía sobre el caso Lomas de Ilo. Colaborador eficaz (auto reconocido como delincuente, caso club de la construcción, prófugo de la justicia por 2 años) quien asegura; no existen testigos de la supuesta entrega de dinero a mi persona”. En suma, negó la fechoría cometida, además de poner en entredicho la manifestación de Tejada Moscoso.
Paralelamente, los medios de comunicación -sobre todo aquellos que lo defendían y aplaudían en pleno estado de emergencia por la pandemia del Covid-19- sacaron en portada esta noticia, pero un solo día. Esto último si denota preocupación. Primero porque las imputaciones formuladas en su contra revisten gravedad al punto que el Ministerio Público de oficio debiese ya haber solicitado al Poder Judicial la variación de comparecencia restringida por prisión preventiva. Y dos, porque si el cuestionado personaje hubiese sido un fujimorista, aprista, o de cualquier tienda política ajena a los intereses caviar, ya estuviese preso.
En conclusión, Martín Alberto lleva sus hombros una estrella que sigue protegiéndolo de cuanta delación existente. Esto, a pesar de conocerse que no necesitó pegar en la radio para ganarse su primer millón.
