POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Los legisladores Jorge Montoya, José Cueto, Gladys Echaíz y Javier Padilla decidieron formar una nueva Bancada parlamentaria, abandonan Renovación Popular y se suma a ellos Héctor Acuña, quien deja Alianza para el Progreso; la congresista Margot Palacios presenta su renuncia irrevocable a la bancada Perú Libre…la lista de renuncias, alteraciones en la composición de los grupos parlamentarios, el surgimiento de nuevos grupos al interior del congreso, es inacabable y nada garantiza que conforme se visualice en el camino las elecciones generales del 2026, se acelere aún más este proceso de fraccionamiento. La última encuesta desarrollada por el Instituto de Estudios Peruanos señala que sólo el 6% de peruanos aprueban el desempeño del Congreso, lo que viene a corroborar su pésima gestión y el descalabro institucional, que no es pasado por alto por la ciudadanía; aunque el Congreso sigue en sus trece, asumiendo con naturalidad su deslegitimidad y profundizando su crónica crisis.
La estructura orgánica parlamentaria se asienta en Bancadas, las mismas que son reflejo de los resultados de las elecciones generales, exigiéndose la votación mínima de 5% de los votos válidos o 6 congresistas para tener tal condición; así, para el periodo legislativo 2021-2026, se reconocieron 9 agrupaciones parlamentarias y 3 parlamentarios no agrupados (Partido Morado); lo que hoy se encuentra son 12 Bancadas parlamentarias y 17 congresistas no agrupados-que vendrían a ser la segunda fuerza parlamentaria-, una extrema e incontrolada atomización. Es significativo el caso de Perú libre quien llego con 37 congresistas y hoy se encuentra en una posición reducida de 11 integrantes; quien ha mantenido cierta solvencia orgánica es Fuerza Popular que de 24 congresistas, con dos bajas, tiene hoy 22 miembros y se constituye en la agrupación más numerosa, más no mayoritaria, pues para impulsar decisiones, debe necesariamente articular con fuerzas vecinas y no lo hace mal, se ha adueñado del Congreso, en el manejo institucional y en sus dos manifestaciones más trascendentes, el control político y la función legislativa.
Quienes nos representan, son la manifestación genuina de la voluntad ciudadana, porque enarbolan una propuesta política coincidente con sus expectativas, significan afinidad política, comparten una misma visión de país, pero este contrato social, que es el voto ciudadano, la soberanía del voto, cuenta con un desequilibrio en la relación, los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo y en esta discrecionalidad política, que les habilita la propia Constitución, desnaturalizan su propia representación, distanciándose de los electores, asumiendo las más inverosímiles decisiones, adueñándose cual si fuera propiedad privada la curul, alejándose de todo atisbo que signifique legitimidad ciudadana.
En este contexto, abandonan o renuncian a la Bancada o agrupación política con la que fueron primigeniamente elegidos, rompen con la disciplina partidaria desentendiéndose de las propuestas políticas que corporativamente decidieron impulsar, debilitan con su voto u omisión de su voto acuerdos partidarios, asumen decisiones que incluso descalifican su propia autoridad: leyes con nombre propio, coaccionan a altos funcionarios con la amenaza de denuncias constitucionales por no atender sus requerimientos, inciden en despilfarro de los recursos públicos, renuncian a una labor objetiva cuando de blindajes políticos se trate, alientan o dan soporte a iniciativas y decisiones contrarias a nuestra propia estabilidad democrática.
Claro que hay honradas renuncias por discrepancias ideológicas y políticas, que implican un abandono de la agrupación política a los principios, programas y planteamientos políticos que alzaron en el proceso electoral, lo cual está amparado en nuestra propia Constitución, al garantizar la libertad de opinión y pensamiento.
Desde hace buen tiempo, se coloca en la agenda pública, la reforma política, la reforma electoral y lo poco que se avanza inmediatamente es revertido; lo que no acabamos de comprender es nuestra incapacidad para identificar y asumir que uno de los ejes fundamentales, sobre los que se articula la democracia son los partidos políticos, y estos a su vez no hacen siquiera un ejercicio de autoanálisis, porque apuestan por un estado de cosas contraproducente, pues la crisis de los partidos políticos es la crisis de nuestra propia democracia. Hemos retornado al caciquismo partidario, a las decisiones verticales, marginando la democracia interna, que es sumamente alentadora, genera renovación y nuevos liderazgos; a su efecto, nada garantiza que, en próximos procesos electorales, tengamos una igual o peor representación parlamentaria y que con las mismas falencias, incidiremos en un parlamento que implosionara ahondando nuestra crisis política.
En un esfuerzo importante, años atrás, para mejorar la calidad de los representantes parlamentarios a través de una evaluación más exhaustiva de los partidos u organizaciones políticas, se incorporó en el Reglamento del Congreso el articulo 15-A, la llamada fórmula de la “silla vacía”, que es la pérdida de la curul durante el resto del periodo parlamentario, como mecanismo de sanción al partido u organización política por no haber seleccionado debidamente a sus candidatos que integran su lista electoral y que en el ejercicio del cargo se les comprueba mediante sentencia judicial, que tienen vínculos con el narcotráfico, trata de personas, terrorismo o lavado de activos, lo que genera que dicho cargo no pueda ser reemplazado por el congresista accesitario; que perfectamente pudiera ser retomado, para la casuística presente, como medida inicial, para reorientar nuestras formas representativas, el respeto a la voluntad ciudadana, forzar a una mejor institucionalidad partidaria y comprometer a un mejor ejercicio ciudadano, al momento de elegir. Es decir, quienes renuncian a su agrupación política, por cuestiones distintas a causas justificadas y legitimas, que implica una construcción fina, dejan el Congreso y tampoco puede ser sustituidos por sus accesitarios.
Javier Valle Riestra, el recordado tribuno, anotaba respecto a su frustrada renuncia al Congreso: “No obstante, al ver que no era posible realizar mis promesas electorales, me impuse el deber de marchar para no quedar como un traidor. Si uno es congresista es considerado un intocable investido de privilegios e inmunidades; y si alguien, como yo, renunció porque no quiere claudicar, es un temperamental, un exhibicionista, un excéntrico. Francamente, prefiero este último papel”.
