POR: EDGARD NORBERTO “BETO” LAJO PAREDES
Se creó el Ministerio de Cultura (MINCUL). ¿Hay más y mejor cultura en nuestro país? Se creó el Ministerio del Ambiente (MINAM). ¿Gozamos los peruanos de un buen medio ambiente? Se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). ¿Hemos erradicado la pobreza extrema? ¿Se ha reducido la pobreza media? ¿Ha desaparecido la anemia y la desnutrición crónica infantil?
Se recreó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). ¿Y la contaminación hídrica del río Tambo y de muchos otros ríos? Se recreó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS). ¿Se respetan los derechos humanos del pueblo?
Se creó el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y luego fue reemplazado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). ¿Tenemos excelentes magistrados en el Ministerio Público y en el Poder Judicial? Se creó la Defensoría del Pueblo (DP). ¿Realmente está defendido nuestro pueblo de los abusos y omisiones funcionales de la administración pública? Se creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). ¿De qué ha servido?
No más entidades públicas que despilfarran los recursos y atiborran de burócratas mediocres y ladrones las oficinas estatales. La alternativa es más sociedad civil. Esto significa una participación activa, informada y organizada de los ciudadanos, consumidores y vecinos en la promoción y defensa de sus derechos políticos, económicos y sociales.
Dicha participación del pueblo debe ser estimulada moralmente, con resoluciones de reconocimiento, y compensada materialmente, con premios pecuniarios. Por ejemplo, quienes denuncien a corruptos, y de comprobarse la denuncia, deberían recibir una parte importante de la reparación civil. Asimismo, los integrantes de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana deberían estar exonerados del pago del arbitrio de seguridad ciudadana, entre otras fórmulas.
La Constitución Política del Perú establece: “Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación” (segundo párrafo del artículo 31). Asimismo, preceptúa: “Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local” (primera parte del artículo 197).
Y estipula también que los gobiernos locales: “Formulan sus presupuestos con la participación de la población y rinden cuenta de su ejecución, anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley” (última parte del artículo 199).
La Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en concordancia con la Constitución, dispone: Son atribuciones del concejo municipal: aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal, y aprobar los espacios de concertación y participación vecinal a propuesta del alcalde, así como reglamentar su funcionamiento (numerales 14 y 34 del artículo 9), en concordancia con los artículos del 111 al 119.
Finalmente, la citada ley ha instituido las Audiencias Públicas Municipales de rendición de cuentas, para dar a conocer la gestión del gobierno local, tanto en los aspectos presupuestales como en los logros y dificultades de gestión. Estas audiencias deben realizarse, como mínimo, dos veces al año: en los meses de mayo y setiembre (artículo 119-A).
Planteamos incentivar a los vecinos a participar activamente en todos estos procesos de gestión de los gobiernos locales, a cambio de exonerarlos del pago del Impuesto Predial. Es decir, por cada asistencia activa a los presupuestos participativos, audiencias públicas municipales y similares, liberarlos del pago de una cuota del autoavalúo. Esta idea puede plasmarse mediante ordenanza municipal, y así hacer, cada vez más, sociedad civil.
