POR: ENRIQUE LAZO FLORES
Se acerca el 19 de julio, fecha fijada para la gran movilización en contra de este gobierno, que amenaza ser más violenta que las dos anteriores llamadas “Toma de Lima”, un nombrecito acuñada que no se ajusta a la realidad de los hechos ya vistos, y en esta tercera intentona se trata de justificar emulando a la histórica protesta de aquel 19 de julio del año 1977 donde la revuelta organizada y liderado por la CGTP, hizo retroceder al gobierno de Francisco Morales Bermúdez, está claro que eran otros tiempos, otros argumentos y otras condiciones, pero lo que la historia resalta era la contundencia del paro donde se unieron las federaciones de trabajadores de todo el país, o sea, fue un paro reivindicacionista laboral, donde hubo los que se favorecieron y los que perdieron.
Hoy asistimos a una nueva versión de protesta nacional, no comparable con la famosa “marcha de los cuatro suyos” en defensa de la democracia, que nos ha dejado al autor de esa protesta, en una celda del Cuartel Barbadillo, sino, es una nueva versión de protesta con una frase acuñada como “la toma de Lima”, de índole político y nada de reivindicacionista, menos es una protesta en contra del alza de costo de vida, sino, de un claro rechazo a la forma de cómo asume la presidencia Dina Boluarte, a quien se le atribuye un gobierno deslegitimizado y el rechazo al Congreso, por la manera de tomarse decisiones totalmente impopulares y de claro sometimiento a los grandes poderes económicos del país.
Estamos a dos días de esa fecha altamente publicitada, con visos de una guerra mediática entre el actual régimen de Dina Boluarte y las regiones que promueven esta movilización, más por cuestiones de honor y dignidad que por luchar por mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía en general, sin embargo, allí están la mayoría de los peruanos, que muestran el rechazo porque fueron minimizados, cuestionados, discriminados y humillados por los poderes del estado que llevan al país hacia una suerte de Dictadura Cívico Militar, desconociendo los derechos constitucionales del ciudadano, con el aval de un Congreso sumiso que soslaya los intereses del pueblo, que muestra su poder de cogobierno con el Ejecutivo.
La suma de consecuencias para esta medida de fuerza, es la complicidad no solo del legislativo, sino, de las instituciones de gobierno que están siendo capturadas por medio de leyes llamadas “leyes expres”, que apura el Congreso para poder tener el control absoluto del país, olvidándose que deberían mostrar antes, el respeto al voto popular, a las garantías constitucionales del ciudadano y sobre todo, al respeto a los que proviene del Perú profundo, a quienes se les ha puesto por debajo de lo que ayer, el ex presidente Alan García (+), los llamó ciudadanos de segunda clase.
La ilegítima asunción al gobierno de Dina Boluarte, no solo ha despertado el rechazo del 91 % de la ciudadanía, sino, que no se ha tomado ninguna medida para conocer a los culpables de los más de 49 muertos que ha producido su asunción al cargo de presidente, el desconocimiento de sus deberes como Mandataria de la Nación, de asumir sus responsabilidades como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y como tal, debió asumir las responsabilidad política de los fallecidos, que hasta ahora claman castigo para los culpables.
Nos acercamos a la hora cero de esta protesta nacional, las amenazas y provocaciones al pueblo que quiere protestar son cada día más agudas y no solo dicen “cuantos muertos más quieren”, sino que les cortan el derecho del libre tránsito, las amenazas del Premier Otárola no cesa, cada día sale anuncios más amedrentadoras como la última, que el gobierno responderá con “la fuerza legal”, a los intentos de violencia de parte de los manifestantes, son frases que están cargadas de amenazas que, lejos de calmar los ánimos enervan más al ciudadano.
De otro lado el Ejecutivo despliega formas de hacer sentir su autoridad, nuevamente sacaron a las miembros policiales a las calles, como quienes quieren demostrar que “están listos para la guerra”, y de la oposición responden con arengas utilizando de la redes sociales, la guerra mediática no cesa y el pueblo sigue sufriendo el alza del costo de vida, la falta de fuentes de trabajo y la ausencia de programas para enfrentar a la Corriente del Niño que ya empezó a mostrar lo duro que será, sobre todo en el sector salud que no puede ser solucionado ni con el cambio de “mocos por babas”, que aplica este gobierno.
El país está atravesando no solo una crisis política, sino, está entrando a una peor crisis económica y el gobierno no muestra signos de buscar la solución, muchos personajes ligados al mundo de la minería se pronuncian para que este gobierno muestre gestos para garantizar el fortalecimiento de la inversión minera y la ocasión es propicia justamente cuando el Banco Central de Reserva anuncia la caída de la inversión en el orden del 18.9%, traducido en US$ 4,670 millones para este año 2023, la cual se prolongaría hasta el año 2024, en el orden del 8.7% con tendencia a la baja.
Ante ese escenario nada alentador para la minería y para el país, queda la única alternativa de enfrentar el problema, dando pase al otorgamiento de permisos para agilizar los procedimientos y dinamizar los proyectos de exploración y los que están próximos a iniciar su construcción, como es el caso del proyecto de Tía María en la región Arequipa.
Ciertamente en este momento hay proyectos mineros que esperan por años a que el gobierno les otorgue los permisos que por años están solicitando y no son atendidos, pese a que estos proyectos cumplieron con los requisitos correspondientes, sin embargo, el modelo que se aplica en este momento no les permite avanzar, en ese sentido se hace necesario agilizar los permisos y dar paso a la Ventana Única, propuesta presentada hace años, con lo que se lograría unificar los trámites del otorgamiento de todos los permisos a la vez. Son decisiones que este gobierno debería dar, pero ya.