POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
Hace unos días, arribó a nuestro país Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como parte del proceso de adhesión a este organismo internacional. Paralelamente, la OCDE publicó el informe titulado “Estudios Económicos: Perú 2023”, señalando -entre otras- que “la elevada corrupción obstaculiza la capacidad del Gobierno para implementar políticas, recaudar impuestos y hacer cumplir leyes y regulaciones”. No sorprendió, pues esta lacra viene acompañándonos desde hace décadas, por no decir que nació con la independencia patria.
Previamente, debemos reconocer los esfuerzos desplegados por el Ejecutivo en combatir este flagelo, empezando por cambiar todo lo relacionado al golpista Pedro Castillo Terrones. En esa misma línea, las acciones que viene ejecutando tanto el Ministerio Público (encarcelación del ilustre chotano, así como de su entonces Premier Betssy Chávez) como el Congreso de la República (defenestración de la entonces Fiscal Suprema Zoraida Ávalos, y la actual investigación a los miembros de la Junta Nacional de Justicia).
Sin embargo, es cierto que, junto a la corrupción, lo que genera graves daños en nuestra sociedad es la IMPUNIDAD; es decir, que existiendo la presunción (o casi certeza) de la comisión de uno o varios delitos, la persona no sea investigada, y si lo fuera, la misma no tenga avances significativos.
Esto último es lo que ocurre con Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Este sábado se cumplieron cuatro años del quiebre constitucional al haber ordenado el ilegítimo cierre del Congreso de la República. Meses después fue vacado, y luego inhabilitado para el ejercicio de la función pública hasta en dos oportunidades por el Parlamento. Asimismo, afronta sendos procesos judiciales (entre ellos, cohecho pasivo), cuyas penas superan los quince años, y aunque en alguno de ellos tiene ciertas restricciones de movilidad (prohibición de ausentarse de la capital), lo real es que está libre. Recientemente, el Poder Judicial le autorizó declarar ante la prensa sobre el caso denominado “Club de la Construcción”. Todo un privilegiado, ante el mutismo generalizado de la caviarada y de la mayoría de los medios de comunicación.
En síntesis, el exmandatario vive -y goza- bajo el manto de la impunidad. Las interrogantes flotantes siguen siendo ¿por qué?, y sobre todo ¿hasta cuándo?