POR: CÉSAR A. CARO JIMÉNEZ
Cabe precisar que la frase que acompaña al presente artículo en ciertas ocasiones tiene un doble sentido y puede interpretarse de varias maneras dependiendo del contexto. Sin embargo, una interpretación común podría ser que cuando un engaño o una estafa se vuelve muy grande o significativa, a menudo se le da un nombre más respetable o aceptable para ocultar su verdadera naturaleza. En otras palabras, ciertos actos deshonestos a gran escala a veces pueden disfrazarse con terminología más respetable para ocultar su verdadera intención, como ha ocurrido y viene ocurriendo históricamente en diversos campos del quehacer humano, a los cuales no es ajena la minería, que en el caso de nuestro país tiene una importancia innegable a tal punto que un alto funcionario de Glencore en el evento Perumin expresó que “Quellaveco paro la olla”, en tanto que el presidente del Banco Central de Reserva señalaba que el Gobierno actual no había advertido su importancia para el “crecimiento de la economía”, lo que sin lugar a dudas es cierto, como viene ocurriendo desde hace varias décadas, en la que la “olla” se ha llenado gracias al desarrollo de inversiones mineras desde 1990, las que tuvieron un impulso de US$ 21.000 millones en la primera mitad de la última década, y luego nuevamente repuntaron a partir de 2017 impulsando hasta la fecha proyectos de cobre por US$ 8.300 millones.
En el año 2020, la inversión minera en Perú fue de aproximadamente 4.330 millones de dólares estadounidenses, una disminución de casi el 27% en comparación con el año anterior, cabiendo destacar que el valor de exportaciones de metales en Perú fue de 39.000 millones de dólares en el 2021, en tanto las reservas internacionales del país a diciembre del mismo año totalizaron los 78.918 millones de dólares, de las cuales el 74% está invertido en valores, el 23% en depósitos y el 3% en oro. Nadie en su sano juicio puede negar la importancia de la minería para el Perú, pero tampoco se puede obviar o cubrir con un manto de silencio ciertas contradicciones inherentes a su explotación y reparto de sus ganancias, como por ejemplo ningunear el importante papel financiero y económico que cumple la llamada depreciación acelerada en la industria minera, en la cual puede ser particularmente útil debido a la naturaleza de los activos utilizados. (Los equipos y maquinaria minera a menudo experimentan un desgaste significativo en los primeros años de uso debido a las duras condiciones de trabajo.
Por lo tanto, la depreciación acelerada puede reflejar con mayor precisión el valor real y la vida útil de estos activos lo que permite que las empresas puedan tener beneficios fiscales al permitir una mayor deducción por depreciación que en el caso peruano permite reducir su carga fiscal en un 20% anual, lo que en la práctica significa que el Estado puede acabar financiando hasta el 100% de la inversión en un yacimiento minero, por lo cual, en mi opinión el Perú o las regiones deberían tener un porcentaje minoritario en la propiedad de las empresas).
Como tampoco se puede negar, tal y como lo escribí en el anterior artículo, que en eventos como el Perumin nos siguen “vendiendo” utilizando el término “crecimiento” una falsa sensación de progreso y bienestar, que fundamentalmente se ha nutrido de una droga llamada “minería”, que conjuntamente con un Estado ineficiente y corrupto plagado de muchos malos y mediocres funcionarios que jamás entenderán que no basta crecer, si no existe desarrollo y progreso, que en si se refieren al aumento cualitativo del bienestar económico, social y ambiental de toda la población, correspondiéndoles a las empresas del entorno, efectuar pactos de responsabilidad social que incidan principalmente en la educación, pero de calidad, dejando de lado el financiamiento de espectáculos frívolos. Hay que tomar conciencia de que los recursos que ahora “paran la olla” son agotables por lo que estamos obligados a que la riqueza esté mejor distribuida en proyectos validos con el fin de evitar que las generaciones futuras y parte incluso de las actuales paguen por los excesos y la corrupción de hoy.
La minería no es ni buena ni mala per se, sino que depende de cómo se gestione y regule su impacto en las comunidades locales, los ecosistemas y el desarrollo regional y nacional. Por eso, es necesario un diálogo sincero y constructivo entre todos los actores involucrados: el Estado, las empresas mineras, las organizaciones sociales y la sociedad civil. Solo así se podrá lograr una minería responsable y sostenible que beneficie a Moquegua y al país sin comprometer su futuro.
