POR: JULIO FARFÁN VALVERDE (UDI – UNIDAD DE INVESTIGACIÓN)
El caso de los “trabajadores fantasma” del Despacho de Alcaldía de Ilo, destapado por la Unidad de Investigación (UDI) del Diario Prensa Regional el 24 de noviembre de 2025, ha ingresado a una nueva etapa judicial. El Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria contra el alcalde Humberto Jesús Tapia Garay y otras cuatro personas por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible y falsedad genérica, relacionados con contrataciones municipales otorgadas a proveedores que, según la imputación fiscal, no habrían realizado los servicios por los cuales recibieron pagos.
La decisión está contenida en la Disposición Fiscal N.º 11, del 2 de octubre de 2026, suscrita por el fiscal provincial Ronny Marcelino Aguilar Escobar, del Quinto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua. La investigación fue declarada compleja y tendrá un plazo de ocho meses.
La resolución comprende al alcalde Humberto Jesús Tapia Garay; al teniente alcalde Carlos Alberto Mamani Téllez, quien ejerció temporalmente la Alcaldía; a Carlos Damián Díaz Reyes, trabajador vinculado al Despacho de Alcaldía; y a los proveedores Emma Monzerrat Castro Álvarez de Postigo y Miguel Ángel Torres Bracamonte.
FISCALÍA ATRIBUYE INTERÉS INDEBIDO AL ALCALDE TAPIA
La Disposición Fiscal N.º 11 atribuye a Humberto Jesús Tapia Garay la presunta autoría del delito de negociación incompatible por su intervención en tres contrataciones municipales, correspondientes a diciembre de 2023, diciembre de 2024 y enero de 2025.
Según la imputación, el alcalde se habría interesado indebidamente en el otorgamiento de conformidades para el pago de servicios contratados a nombre de Emma Monzerrat Castro Álvarez de Postigo y Miguel Ángel Torres Bracamonte, pese a que las prestaciones habrían sido ejecutadas por Carlos Damián Díaz Reyes.
La Fiscalía identifica actuaciones documentales atribuidas al alcalde, entre ellas la firma de requerimientos, órdenes de servicio y conformidades que permitieron tramitar los pagos municipales.
Respecto de diciembre de 2023, señala la Orden de Servicio N.º 11582, emitida a nombre de Emma Castro Álvarez de Postigo, y la conformidad de servicio suscrita por Tapia para solicitar el pago correspondiente.
En diciembre de 2024 y enero de 2025, la imputación comprende las órdenes de servicio N.º 12451 y N.º 73, emitidas a nombre de Miguel Ángel Torres Bracamonte, así como los requerimientos y conformidades vinculados con ambas contrataciones.
El Ministerio Público sostiene que Tapia habría otorgado las conformidades con conocimiento de que los servicios no fueron ejecutados por los proveedores contratados, sino por Díaz Reyes. Esta presunta actuación constituye parte de la imputación por negociación incompatible que deberá ser examinada durante la investigación preparatoria.
TENIENTE ALCALDE MAMANI TERMINA INVOLUCRADO
Carlos Alberto Mamani Téllez es investigado como presunto autor de negociación incompatible por su intervención en la Orden de Servicio N.º 10710, del 10 de noviembre de 2023, emitida a nombre de Emma Monzerrat Castro Álvarez de Postigo.
La disposición establece que Mamani intervino en su condición de alcalde encargado y suscribió dicha orden de servicio por S/ 2 500, correspondiente a labores de coordinación y monitoreo de la agenda de actividades y audiencias de Alcaldía.
Asimismo, la Fiscalía le atribuye haber firmado la conformidad de servicio del 4 de diciembre de 2023, mediante la cual se solicitó el pago a la proveedora, pese a que, según la imputación, el trabajo habría sido ejecutado por Carlos Damián Díaz Reyes.
El fiscal considera que Mamani habría incumplido su deber de verificar la ejecución de los servicios antes de autorizar la conformidad correspondiente, circunstancia incorporada a la investigación penal.
CUATRO CONTRATACIONES MUNICIPALES POR S/ 10 000
La investigación comprende cuatro órdenes de servicio por un monto individual de S/ 2 500, que representan un total de S/ 10 000 (diez mil soles) en contrataciones examinadas por la Fiscalía.
Durante noviembre y diciembre de 2023, la municipalidad emitió las órdenes de servicio N.º 10710 y N.º 11582 a nombre de Emma Monzerrat Castro Álvarez de Postigo, cada una por S/ 2 500, destinadas a la coordinación y monitoreo de la agenda de actividades y audiencias de Alcaldía.
Posteriormente, en diciembre de 2024 y enero de 2025, se emitieron las órdenes N.º 12451 y N.º 73 a nombre de Miguel Ángel Torres Bracamonte, también por S/ 2 500 cada una, para servicios relacionados con la programación de actividades, audiencias y asistencia técnica y operativa del Despacho de Alcaldía.
Según la tesis fiscal, estas cuatro contrataciones habrían permitido que Carlos Damián Díaz Reyes continuara realizando funciones en Alcaldía utilizando documentación de los proveedores formalmente contratados.
La Fiscalía sostiene que las contraprestaciones fueron depositadas en las cuentas bancarias de los proveedores y que posteriormente habrían sido entregadas a Díaz Reyes, quien, según la imputación, les habría proporcionado una compensación económica por su participación.
Carlos Damián Díaz Reyes, quien continúa laborando actualmente en el Despacho de Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Ilo, conforme a las verificaciones realizadas por la Unidad de Investigación de Prensa Regional, figura entre las cinco personas comprendidas en la formalización fiscal.
El Ministerio Público le atribuye la condición de presunto cómplice de negociación incompatible y presunto autor de falsedad genérica. De acuerdo con la disposición, Díaz Reyes habría utilizado los datos personales, recibos por honorarios y demás documentación de Emma Castro Álvarez de Postigo y Miguel Torres Bracamonte para tramitar contrataciones municipales a nombre de ambos.
La Fiscalía también sostiene que habría elaborado y firmado solicitudes de cotización, informes relacionados con las prestaciones y documentos de culminación de servicios a nombre de los proveedores, pese a que las actividades habrían sido ejecutadas por él mismo.
En cuanto a Emma Castro Álvarez de Postigo y Miguel Torres Bracamonte, la disposición les atribuye presunta complicidad en negociación incompatible y autoría de falsedad genérica por haber facilitado, según la imputación, su documentación y participación en las contrataciones cuestionadas.
TESTIGO NINAJA DECLARÓ HABER PRESENCIADO LA FIRMA DE CONFORMIDADES
La declaración testimonial de Flavio César Ninaja Salas, recibida por el Ministerio Público el 19 de mayo de 2026, forma parte de los elementos examinados durante la investigación preliminar.
Ninaja manifestó que, mientras trabajaba en Alcaldía, presenció cómo Humberto Tapia firmaba conformidades de servicio a nombre de los dos proveedores investigados, pese a que, según su testimonio, ellos no acudían a trabajar al despacho municipal.
También declaró que Carlos Damián Díaz Reyes recogía las conformidades firmadas y las llevaba a la oficina de Logística para tramitar los pagos.
Asimismo, afirmó haber observado que Díaz Reyes firmaba documentos a nombre de Emma Castro Álvarez de Postigo y Miguel Torres Bracamonte, mientras el alcalde suscribía los informes y las conformidades correspondientes.
El denunciante precisó que ambos proveedores no trabajaron junto con él en el Despacho de Alcaldía y señaló que las contrataciones coincidían con periodos en los cuales Díaz Reyes debía interrumpir la prestación de servicios por órdenes de servicio.
La Fiscalía ha incorporado este testimonio junto con documentación municipal, expedientes de contratación, informes de las áreas administrativas, recibos por honorarios e información proporcionada por otras entidades.
FISCALÍA DECLARA COMPLEJA LA INVESTIGACIÓN Y ORDENA NUEVAS DILIGENCIAS
La formalización establece un plazo de ocho meses para continuar la investigación preparatoria, declarada compleja por el Ministerio Público.
Entre las actuaciones ordenadas figura una diligencia de constatación, exhibición y obtención de documentación en las oficinas de Tesorería y Logística de la Municipalidad Provincial de Ilo, programada para el 15 de octubre de 2026, a las 8:30 horas.
La Fiscalía también ha dispuesto recibir declaraciones testimoniales el 12 de noviembre de 2026, entre ellas las de Jaime Callalla Mamani, ex trabajador del área de Alcaldía; Claudia Verónica Arias Téllez, secretaria general de la municipalidad; Dante Elisban Chagua Anchapuri, ex asesor técnico; y funcionarios que desempeñaron responsabilidades en Logística.
Para el 13 de noviembre de 2026 han sido programadas las declaraciones de los cinco investigados. Carlos Alberto Mamani Téllez deberá declarar a las 9:00 horas; Humberto Jesús Tapia Garay, a las 11:00 horas; Carlos Damián Díaz Reyes, a las 14:00 horas; Emma Monzerrat Castro Álvarez de Postigo, a las 15:00 horas; y Miguel Ángel Torres Bracamonte, a las 16:00 horas, con asistencia de sus respectivos abogados defensores.
La disposición también ordena requerir documentación adicional sobre las contrataciones municipales, verificar los periodos en los que Mamani ejerció la Alcaldía encargada y solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los investigados, sujeto a las autorizaciones judiciales que correspondan.
Finalmente, el fiscal Ronny Marcelino Aguilar Escobar dispuso comunicar la formalización al Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Mariscal Nieto, de la Corte Superior de Justicia de Moquegua.
La formalización constituye una decisión del Ministerio Público para continuar investigando los hechos atribuidos a los cinco implicados y no representa una declaración judicial de culpabilidad. Los investigados mantienen su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.
