POR: JAIME CARPIO BANDA
CONFIANZA ELECTORAL EN CRISIS
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), correspondientes al segundo trimestre de 2026, la tabla evidencia una marcada desconfianza hacia las instituciones electorales, aunque con diferencias relevantes entre entidades. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) registra un 86,5 % de respuestas «nada-poco», frente a apenas un 7,8 % de confianza «suficiente-bastante».
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presenta un patrón semejante: el 87,0 % expresa baja confianza y solamente el 8,9 % manifiesta una valoración favorable. Estos resultados muestran que ambas instituciones enfrentan un serio déficit de credibilidad entre la población encuestada.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) exhibe una posición comparativamente más favorable: el 33,8 % declara confianza suficiente o bastante, porcentaje superior en 26 puntos al JNE y en 24,9 puntos a la ONPE. Sin embargo, el 62,6 % mantiene una percepción de poca o ninguna confianza, por lo que su ventaja relativa no equivale a una legitimidad institucional consolidada.
Una interpretación plausible es que los servicios cotidianos de identificación generan una valoración distinta de las funciones vinculadas a la competencia electoral. No obstante, la tabla no permite demostrar las causas de estas diferencias ni atribuirlas directamente a corrupción, parcialidad o deficiencias operativas.
DÉFICIT DE CONFIANZA POLÍTICA
Según las cifras del INEI para el segundo trimestre de 2026, los partidos políticos concentran la mayor proporción de respuestas «nada-poco», con 93,2 %, seguidos del Congreso de la República, con 91,2 %. Sus niveles de confianza «suficiente-bastante» alcanzan apenas 3,1 % y 4,1 %, respectivamente. Esta distribución evidencia una valoración ampliamente desfavorable de los actores encargados de canalizar demandas ciudadanas y ejercer representación democrática.
Los gobiernos subnacionales presentan resultados relativamente mejores, aunque también preocupantes. El Gobierno Regional registra 79,1 % de baja confianza y 12,5 % de confianza favorable. La Municipalidad Provincial alcanza 78,1 % y 14,1 %, mientras que la Municipalidad Distrital obtiene 77,1 % y 15,6 %.
La categoría «no sabe» es mayor respecto del Gobierno Regional, con 8,3 %, lo que podría relacionarse con menor información o dificultades para evaluar su desempeño.
Las instituciones evaluadas enfrentan un déficit generalizado de confianza, particularmente intenso en partidos y Congreso.
SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONTROL BAJO DESCONFIANZA:
Los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), correspondientes al segundo trimestre de 2026, evidencian un déficit de confianza en las instituciones de seguridad, justicia y control. En todas las entidades, las respuestas «nada-poco» superan el 70 %, mostrando una percepción predominantemente desfavorable entre las personas encuestadas.
La Policía Nacional del Perú registra la mayor proporción de baja confianza, con 88 %, mientras solo el 9,4 % expresa confianza suficiente o bastante. Su reducido porcentaje de «no sabe», de 2,6 %, indica que la mayoría adopta una posición definida, negativa. Este resultado propone un desafío para la legitimidad de la Policía Nacional del Perú (PNP) en búsqueda de la cooperación ciudadana.
En el sistema de justicia, el Ministerio Público presenta 82,3 % de baja o ninguna confianza y 8,3 % de confianza favorable. El Poder Judicial alcanza 79,2 % y 13,5 %, respectivamente. La Defensoría del Pueblo obtiene la valoración comparativamente más favorable: 17,7 % expresa confianza, aunque el 71,9 % mantiene fuerte desconfianza.
Las instituciones anticorrupción también muestran baja reputación. La Procuraduría Anticorrupción y la Contraloría registran 84,4 % de baja confianza. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción alcanza 82,3 % de baja confianza y 7,3 % de valoración favorable.
En conclusión, existe una brecha considerable entre las funciones institucionales y la confianza ciudadana. Los resultados justifican examinar desempeño, transparencia, accesibilidad y comunicación pública, pero no prueban corrupción ni explican sus causas.
