POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA

El 10 de noviembre de 2020, el mismo día que Martín Vizcarra era vacado del cargo, se filtró un audio en el que la reconocida periodista Patricia del Río confiaba a sus interlocutores: “Vizcarra robó, groseramente y acabará preso”.

Cerca de 5 años después, el tiempo le está dando la razón a Patty, pues justamente el último miércoles, el juez Jorge Chávez Tamariz recluyó por 5 meses a Vizcarra Cornejo por presuntos actos de corrupción tras su paso como gobernador regional de Moquegua, específicamente en los casos conocidos como Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, acusado de haber recibido coima de S/ 2.3 millones.

La resolución de la judicatura fue sorpresiva, pues es harto conocido que los caviares mantienen —aún— el control del Ministerio Público y el Poder Judicial. Sin embargo, entendemos que con el afán de proyectar una imagen de independencia e imparcialidad, el órgano jurisdiccional vio forzado el encarcelamiento del exmandatario, que en estos momentos comparte celda con sus predecesores Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

Estos expresidentes tienen además dos cosas en común: la narrativa de la lucha contra la corrupción y el anti fujimorismo. Todos, sin excepción, de un lado, enarbolaron el destierro de este flagelo en nuestra sociedad. Al final, no solo incumplieron, sino que fueron parte de ella.

El 28 de julio de 2001, un estrenado Toledo Manrique enfatizó en “defender la soberanía nacional y la integridad física y moral de la República”. Doce años después, Humala Tasso afirmó que “si se roba al país, se roba a todos los peruanos”; mientras que, el 20 de septiembre de 2021, ante la 76° Asamblea del Consejo Permanente de la OEA, Castillo Terrones dijo que “la corrupción le ha quitado el pan y muchos beneficios a la población”. Y, el 2 de diciembre de 2019, al inaugurar la Conferencia Anual Internacional CAII 2019, organizada por la Contraloría General de la República, Vizcarra Cornejo declaró que “no podemos por temor a la corrupción, dejar miles de proyectos paralizados en el Estado. Por ello, consideramos importante emitir el Decreto de Urgencia para reactivar más de mil proyectos que se encontraban estancados”. Proféticas palabras.

Y, de otro lado, el 7 de abril de 2009, comentando la sentencia condenatoria a Alberto Fujimori, el entonces hijo ilustre de Cabana aseveró que “es una lección para el mundo que muy pocos países pueden exhibir a un jefe de Estado sometido a un juicio público con las garantías del debido proceso”. En tanto que Ollanta Humala, tres días antes de asumir la conducción del país, anunció sobre la posibilidad de libertad de Fujimori Fujimori: “No lo voy a indultar”.

Por su parte, Pedro Castillo, el 17 de marzo de 2022, vía redes sociales opinó respecto del indulto humanitario a Alberto Fujimori: “Crisis institucional se refleja en la última decisión del TC”. Y, el 25 de enero de 2019, Martín Vizcarra, con relación al reingreso al recinto penitenciario del finado expresidente, manifestó que “las disposiciones judiciales deben ser cumplidas”. Irónicas palabras.

Asimismo, todos callaron cuando menos —sino celebraron— los más de 400 días en que Keiko estuvo privada de su libertad, sin acusación y menos sentencia. Solo por dichos de terceros sin corroboración, aunado al apasionamiento de ciertos fiscales ligados al progresismo que pretenden —hasta hoy— ver a la lideresa de Fuerza Popular literalmente “caída en desgracia”.

En resumen, las banderas de lucha contra la corrupción y el anti fujimorismo no fueron más que mitos acrecentados para ocultarnos sus verdaderas intenciones: saquear el país.