POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Una vez que el Congreso decidió la suspensión de la parlamentaria Betsy Chávez, los otros cuatro integrantes de Perú Democrático, ante la evidencia de quedarse sin Bancada-el mínimo es cinco integrantes- y todas las prerrogativas que su constitución implica, inmediatamente se integraron a la Bancada de Cambio Democrático, porque el accesitario que debe ingresar se integrará a la bancada de Perú Libre, de la que eran parte primigeniamente Chávez y los otro cuatro. Todo un cambalache.
Pero, veamos cómo se inició el periodo parlamentario en el no muy lejano 2021: Perú Libre era la más numerosa representación con 37 parlamentarios; luego Fuerza Popular con 24 integrantes; Acción Popular, con 16 integrantes; Alianza para el Progreso, con 15 parlamentarios; Renovación Popular, con 13 congresistas; Avanza País, con 7 parlamentarios; con 5 representantes, respectivamente: Podemos Perú, Juntos por el Perú y Somos Perú, la excepción fue el partido Morado con 3 legisladores, ayudado por el caudal electoral logrado en las votaciones generales que le permitieron superar el mínimo de la valla electoral del 5% de los votos válidos. Y precisamente por esta última regla electoral perdieron su inscripción partidos como el PPC, Unión por el Perú, Frepap, Partido Nacionalista, a ello sumaríamos el partido Aprista.
De aquel entonces a hoy, se ha dado una agresiva recomposición, que si bien es cierto, siempre se dieron estos tránsitos político-partidarios pero no en la dimensión de apuntar a resquebrajar la ya limitada institucionalidad de este órgano; los no agrupados suman 11 parlamentarios, y de las Bancadas iniciales, sólo Fuerza popular se mantiene invariable y se instituye como la más numerosa y sólida con sus 24 parlamentarios; el resto de Bancadas se han recompuesto: Perú libre con 15, Acción Popular con 14, Alianza para el progreso con 11, Bloque Magisterial con 9, Renovación Popular con 9, Avanza País con 9, Cambio Democrático con 9, Podemos Perú con 6, Perú Bicentenario con 6 y Somos Perú con 6.
Nuestra Constitución en su artículo 94, si bien da fuerza de ley al Reglamento del Congreso, le entrega autonomía para regular la organización y atribuciones de sus grupos parlamentarios; el Reglamento de forma escueta define a “los Grupos Parlamentarios como el conjunto de Congresistas que comparten ideas o intereses comunes o afines”; el recordado Pedro Planas, los definía como las “células políticas de la dinámica parlamentaria y verdadera estructura de la voluntad de cada cámara”; es decir, representan una voluntad política, siendo el tamiz a través del cual se desarrolla casi por completo la vida parlamentaria.
Es evidente la crisis de partidos en la que estamos inmersos y cuya secuela es nuestra propia inestabilidad institucional, no está alejada de ello la indefinición de si las bancadas son un órgano del Congreso o de las agrupaciones políticas, lo que ha facilitado en esta folclórica escena política que las Bancadas o parlamentarios asuman decisiones muy distantes de los lineamientos partidarios, diríamos muy independientes, lo que es contraproducente a la concertación para las decisiones políticas.
Es evidente que la falta de homogeneidad o institucionalidad en la agrupaciones o partidos políticos tiene una profunda incidencia en esa suerte de libertinaje que se manifiesta en el foro legislativo.
Una materia que ahonda la crisis en la representación parlamentaria, en particular la cohesión e integridad de las bancadas, es la grave distorsión de un principio fundamental, para el buen ejercicio de la propia función: los parlamentarios no están sujeto a mandato imperativo, al que de forma recurrente se apela, alegándose argumentos éticos, que en algunos casos es comprensible pero en la gran mayoría, son instrumentalización soterrada de mañas políticas, con intereses subalternos, mezquinos, que rompe con la unidad en la Bancada, y más grave aún se desplazan a otra, esgrimiendo “criterios de conciencia”.
En el 2017, bajo el contexto de una avasallante mayoría fujimorista con 73 congresistas, se aprobó una modificación al artículo 37 del Reglamento del Congreso, que perseguía sancionar y dejar en el ostracismo a los congresistas disidentes de sus bancadas, el Tribunal Constitucional falló declarando inconstitucional dicha reforma del Reglamento “porque no distinguía entre tránsfugas ilegítimos (quienes dejan sus grupos parlamentarios por intereses subalternos) y legítimos (quienes dejan sus grupos parlamentarios por cuestiones ideológicas: disidentes)”.
Aunque, de inmediato reaccionó el Congreso, aprobando otra modificación a ese mismo articulado, pero de manera más acotada o precisa, y nuevamente fue impugnada ante el Tribunal Constitucional, pero esta vez declaró infundada la demanda, bajo la siguiente observación: “siempre y cuando se interprete que se encuentra reconocida la posibilidad de apartarse de la agrupación política respectiva en ejercicio del derecho a la libertad de conciencia”.
El Parlamento asume un rol fundamental en nuestra estructura orgánica, sus decisiones políticas -goza de legitimidad democrática- son gravitantes en el desarrollo de nuestra gobernabilidad, no sólo desde el marco normativo, sean las leyes de reforma constitucional, la ley de presupuesto, las leyes orgánicas, la delegación de facultades o sus acciones de control político como la interpelación, la censura, las comisiones investigadoras, sino de su singular función política, de dar soporte a la toma de decisiones, de acudir al imprescindible eje de equilibrio entre poderes, de ser el foco de resonancia de las diversas y complejas demandas ciudadanas.
Bajo estos parámetros, este fraccionamiento o atomización de la representación parlamentaria, si bien es el reflejo de la grave crisis política en que nos encontramos, no puede pasar por alto la responsabilidad mayor entregada por los ciudadanos, cual es, desde sus funciones, la custodia de nuestro orden constitucional y democrático, del que no hacen mayor reparo, percibiéndose dueños de un momento político sin percatarse de la tremenda responsabilidad de sus acciones y decisiones, de las que depende nuestra proyección como país.