POR: MAGISTER JAIME CARPIO BANDA
En la actualidad existen 73,450 docentes universitarios, de los cuales, casi el 70%, laboran en las universidades privadas. Ello debe suponer mayor estabilidad para los docentes, sin embargo, sucede todo lo contrario, según cifras del Ministerio de Educación, el 88% de los docentes de las universidades privadas son contratados y mal pagados en su mayoría.
La revalorización salarial de los docentes universitarios en instituciones públicas es esencial para potenciar el proceso educativo y la producción académica. Pese a que el sistema universitario peruano ha visto cambios significativos, como el incremento del 129% en la oferta educativa tras el Decreto Legislativo N° 882, las condiciones de calidad en la educación no han experimentado una mejora correspondiente.
En un esfuerzo por abordar estos desafíos, se promulgaron leyes como la N° 31193 en 2012, que establece una moratoria para nuevas universidades, y la Ley Universitaria N° 30220 en 2014, orientada a garantizar estándares de calidad. No obstante, estas medidas no alcanzaron el impacto esperado.
Actualmente, la mayoría de los docentes universitarios, cerca del 70%, trabajan en universidades privadas. A pesar de lo que podría pensarse, estas universidades no ofrecen una mayor estabilidad laboral, pues el 88% de sus docentes son contratados. Por otro lado, aunque los docentes en universidades públicas gozan de mayor estabilidad, sus salarios son inferiores a sus contrapartes en el sector privado. Esta disparidad salarial debe ser abordada para equiparar las remuneraciones.
A pesar de las sentencias del Tribunal Constitucional y la Ley Universitaria N° 23733 de 1983, que buscaban homologar las remuneraciones de los docentes universitarios con las de los magistrados del Poder Judicial, estos mandatos no se han cumplido efectivamente. Las justificaciones varían desde restricciones presupuestales hasta interpretaciones limitadas de la norma. Para solucionar esta omisión, se aprobó una disposición en la Ley N° 30879 de 2019, que busca consolidar los ingresos de los docentes universitarios en línea con las decisiones del Tribunal Constitucional.
