POR: CÉSAR A. CARO JIMÉNEZ
La protesta, como forma de expresión ciudadana, es un derecho fundamental en cualquier sociedad democrática. Es la voz de aquellos que se sienten incomprendidos, desatendidos y vulnerados por las decisiones o inercia de las autoridades que parecieran sufrir de un autismo social en nuestros días, respecto al fracaso del proyecto “Irrigación de las lomas de Ilo”, indiferencia compartida con diversos gremios, colegios profesionales, movimientos políticos, etcétera lo que es preocupante en el caso de la provincia de Ilo, cuyos habitantes e instituciones se distinguían por saber defender con inteligencia sus derechos.
El fiasco del proyecto de irrigación “Lomas de Ilo” es un claro ejemplo de cómo la indiferencia y falta de responsabilidad pueden afectar a una población entera. Se han invertido enormes recursos económicos en un proyecto que, desde el principio, presentaba falencias, y se han obviado las pruebas necesarias que podrían haber evitado el desastre a pesar de serias advertencias. La empresa constructora del proyecto, Consorcio Obrainsa – Astaldi, ha sido liberada de responsabilidades debido a la falta de pruebas de funcionamiento con su presencia, dejando al Estado, Al GORE y al Proyecto Especial Regional Pasto Grande a cargo de los perjuicios económicos a pesar que la Contraloría y la Procuraduría en su momento han hecho serias observaciones sobre la forma en que se ha manejado el proyecto, pero las autoridades locales y regionales han mostrado una total indiferencia ante estas críticas.
Es alarmante ver cómo la falta de visión y previsión por parte de las autoridades ha llevado a un desastre que podría haberse evitado. El proyecto de irrigación Lomas de Ilo que tenía su potencial o justificación al señalar que iba a beneficiar a una gran cantidad de personas con cientos de trabajos directos e indirecto, además de permitir llevar agua de calidad para la población de Ilo se ha convertido en una frustración que afecta a toda la región.
Y en casos como este, la protesta es necesaria, porque queremos creer que la negligencia y la falta de responsabilidad de las autoridades –que han causado un gran daño–, es producto de su incapacidad y no de intereses mezquinos. Por ello debemos levantar nuestra voz y exigir que se haga justicia, que se investiguen las irregularidades y que se tomen medidas para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro. Por otra parte, la indiferencia no puede ser la respuesta ante el fracaso de un proyecto que afecta a toda una población. Es hora de que las autoridades guíen a su pueblo y asuman su responsabilidad. La protesta es el primer paso hacia la justicia y el cambio.
Protesta que debe ser racional, técnica e informada atendiendo a todo lo esbozado con valentía y conocimiento pleno por el ingeniero Freddy Zeballos Núñez a través de diversos medios periodísticos y reuniones explicativas con diversos gremios como el Colegio de Ingenieros, recibiendo en respuesta a sus esfuerzos tan solo un tibio apoyo en algunos casos y total indiferencia de la mayoría de los profesionales y ciudadanos, convirtiéndose la misma en complicidad y/u apoyo silencioso en favor de la corrupción y las injusticias.
Es necesario que la sociedad civil exija transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en la gestión tanto de los recursos públicos, como aquellos privados que nacen de la explotación de recursos mineros en nuestro departamento como es el caso del Fondo de Desarrollo, cuyos directivos deben aceptar que la protesta ciudadana es un derecho fundamental que debe ser ejercido con trasparencia total, para evitar que situaciones como las que hemos observado en el proyecto de irrigación en Moquegua se repitan, debiendo sancionarse a todos aquellos que por motivos de otra índole ajena a lo técnico han tomado decisiones que han contribuido al fracaso del Proyecto.
Las autoridades y personal directivo no pueden evadir su responsabilidad, dado que, en lugar de trabajar en beneficio de la población, han mostrado indiferencia y desidia ante las necesidades reales del Proyecto, obviando pruebas y pasos legales que han acabado favoreciendo a la empresa constructora, bajo el manto protector del silencio cómplice tanto de los señores congresistas como de las principales autoridades provinciales y regionales respecto al proyecto “Irrigación de las Lomas de Ilo”.
Pareciera que no entienden o no quieren entender que la transparencia en el uso de los recursos del estado es fundamental para garantizar la confianza de los ciudadanos en sus representantes y en las instituciones públicas. Sin embargo, lamentablemente, en muchos casos vemos una falta de rendición de cuentas y una opacidad en la gestión de los recursos que generan desconfianza y malestar en la sociedad.
Además, es preocupante la tendencia de algunas autoridades a idealizar el pasado y a aferrarse a modelos obsoletos en lugar de impulsar cambios y adaptarse a las nuevas realidades. Esta falta de visión y de proyección hacia el futuro se traduce en una incapacidad para resolver los problemas actuales y para anticipar y prepararse para los desafíos que vendrán, para lo cual es fundamental que tengan una visión clara y proyecten políticas a largo plazo que respondan a las necesidades y desafíos del presente y del futuro.
En definitiva: lo ocurrido con el Proyecto nos da una clara señal que la falta de transparencia y la falta de visión a futuro en la gestión de los recursos del estado son dos problemas que deben ser abordados de manera urgente para garantizar gobiernos eficientes, responsables y preparados para enfrentar diversos retos, algunos de los cuales ya están presentes en el mundo actual, como consecuencia directa del crecimiento chino, la globalización económica y los avances tecnológicos que amenazan con reducir cada vez más los puestos laborales, panorama para el cual la mejor y quizás única alternativa sea la investigación y educación de verdadera calidad.
