POR: DRA. VANESA ROMERO MEDINA
Como es de conocimiento público, el comunista, Pedro Castillo, apeló la decisión de prisión preventiva, mientras que la fiscalía argumentó que dirigía una organización criminal que se beneficiaba de los recursos estatales. En respuesta, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema emitió un fallo sobre el Recurso de Apelación No. 18-2024.
Señala la Fiscalía que desde la campaña y ya en el poder Pedro Castillo organizo un aparato delincuente para cometer delitos “al respecto, que esta se habría dado en dos momentos diferenciados. El primero, al cual denomina “de la ideación” comprende la campaña electoral en segunda vuelta, de José Pedro Castillo Terrones, y abarca desde el doce de abril hasta el cinco de junio de dos mil veintiuno.
El segundo, denominado “de la estructuración” comprende desde que Castillo Terrones fue electo como presidente de la República, esto es, desde el seis de junio de dos mil veintiuno hasta que asumió la Presidencia de la República el veintiocho de julio de dos mil veintiuno. En ese contexto, se tiene que culminada la primera vuelta electoral [abril del año dos mil veintiuno], el entonces candidato presidencial por el partido Perú Libre, Castillo Terrones, pasó a la segunda vuelta electoral.
Así, existiendo posibilidades reales y concretas que el referido candidato sea elegido Presidente de la República, éste se habría vinculado con Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, Jenin Abel Cabrera Fernández, José Nenil Medina Guerrero, Fermín Silva Cayatopa, Marco Antonio Zamir Villaverde García y otras personas más – quienes además habrían financiado su campaña política con importantes sumas de dinero y habrían aportado bienes para facilitar el desarrollo de la misma –; además, habría planificado la constitución de una presunta organización criminal a fin alcanzar el poder, con el propósito de obtener ganancias ilícitas proveniente de los procesos de contratación [y otros actos ilícitos] que se realizarían en diversos estamentos del Estado.”
LOS DOS MILLONES DE COIMA QUE RECIBIÓ EL IZQUIERDISTA PEDRO CASTILLO
La fiscalía ha formulado acusaciones en contra de José Pedro Castillo Terrones, ex presidente de la República, por dos graves delitos: tráfico de influencias agravado y colusión. Se ha detallado cómo Castillo Terrones, en el marco del caso Petroperú, supuestamente utilizó su influencia para beneficiar a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A. en un proceso de licitación para la adquisición de Biodiesel B100. Según las acusaciones, Castillo Terrones habría intervenido ante Hugo Ángel Chávez Arévalo, quien era director de Petroperú en ese momento, para asegurar que la mencionada empresa, asociada a Samir George Abudayeh Giha, recibiera el contrato en la licitación COM-012-2021-GDCH/PETROPERÚ.
Como parte de este esquema, Karelim Lisbeth López Arredondo habría entregado dos millones de soles (S/ 2 000 000) a Castillo Terrones a través de Bruno Arnulfo Pacheco Castillo, y además, habría costeado la fiesta de cumpleaños de la hija del ex presidente. La designación de Chávez Arévalo por parte de Castillo Terrones jugó un papel crucial en el manejo y orientación de esta licitación pública, favoreciendo así a Heaven Petroleum Operators S.A.
Este conjunto de acciones y evidencias llevó a que la apelación presentada por Castillo fuera rechazada, resultando en la continuación de su prisión preventiva por un periodo de 36 meses. Este caso destaca la implicación directa de Castillo Terrones en actividades ilícitas diseñadas para manipular procesos públicos y beneficiar intereses privados a cambio de sobornos, subrayando la gravedad de las acusaciones en su contra.