POR: ENRIQUE LAZO FLORES
Los conflictos sociales, siempre han servido como argumento para los gobiernos que tienen como objetivo estatizar en nombre del pueblo, y en el Perú, no es casualidad que en este gobierno se agudice la crisis en el sector minero, que a la postre, es el objetivo que se busca para cumplir una de las promesas de campaña, acuñado en una frase, “No más pobres en un país rico”.
La anunciada “cantaleta” que proclama Pedro Castillo por donde va, tiene como agenda el discurso de cambiar la constitución, promesa que mantiene en las sesiones descentralizadas de Consejo de ministros, donde recibe el “respaldo” del pueblo que se deja escuchar cual portátil que asiste a los coliseos, donde se desarrolla la sesión, émulo de mitin de campaña.
En estos nueve meses de gobierno, se hizo más evidente la intensión de cambiar la situación política del país, más no las condiciones de vida del ciudadano, por la que siempre ha simulado luchar, regando dudas y desconciertos en lugares estratégicos para el país, donde se forja una actividad minera que representa la piedra angular del sostenimiento económico y ahora último, faltando el respeto y depreciando a los comuneros de Las Bambas, que representan una vasta cultura indígena del Perú profundo.
Es cierto que en esos lugares existen grupos de antimineros, violentistas y radicales, donde al estado siempre estuvo ausente y donde también el ejecutivo ha renunciado a imponer el derecho de autoridad en el marco de la constitución, al extremo de renunciar al diálogo para lograr la paz social, como lo hizo últimamente Aníbal Torres, siguiendo la ruta dejada de Guido Bellido y Mirtha Vásquez, conocidos antimineros a ultranza.
Ambos personajes demostraron ser operadores de una estrategia que les permite crear ambientes proclives a conflictos, de esa manera llevar al país a un terreno donde los protestas se agudicen, creando condiciones para que este gobierno actúe de manera más fácil, “pateando el tablero” en espacios de diálogo para justificar la imposición de un sistema de gobierno que se asemeje al de Cuba o Venezuela.
Muy a pesar vemos que en los discursos de gobierno se repiten el verbo de no ser un gobierno comunista, sin embargo, vemos que lo que hacen es contrario a lo que dicen, en este momento las condiciones en que se debate el principal y más grande conflicto minero de Las Bambas, nos deja el claro mensaje de Aníbal Torres, “echando más leña al fuego”, al abandonar el espacio creado para dialogar, espacio que les costó sacrificio a los comuneros, al aceptar la conformación de una mesa de diálogo, donde se pudo encontrar consensos y evitar que el conflicto se agudice, provocando de esa manera consecuencias económicas graves para el país. La intención es clara, estatizar los recursos mineros especialmente el cobre y eso, sería enviar al suicidio económico al Perú que ocupa en este momento el segundo lugar en el mundo, como productor del cobre.
Este es el escenario que el gobierno de Castillo está buscando, para imponer el sistema típico de gobierno llamado revolucionario, como Venezuela, donde Hugo Chávez estatizó el petróleo tras una constitución que nunca debió cambiar y hoy tiene a un país donde el 35% de niños menores de 5 años son desnutridos, y el 96 % de su población sumido en la pobreza, obligados a emigrar en busca de alimento y protección. Igual pasó en Bolivia, donde Evo Morales también hizo la misma promesa al pueblo, decía “Bolivia no es Cuba”, cual alumno aplicado y protegido del chavismo, le siguió los pasos a Chávez al estatizar el gas.
Las convulsiones sociales provocados en cierto modo por este gobierno, está dejando en la orilla del descalabro económico al país, desde que se inició los conflictos mineros, el estado ha dejado de percibir alrededor de US$ 280 millones como ingresos fijos, siendo el resultado de la mala estrategia estatista que está intentando aplicar el Gobierno de Castillo y todo parece indicar que el propio gobierno los promueve, en este momento, en que el precio de los metales están en su pico más alto de sus valores por la demanda mundial, los metales que produce nuestra minería nos abre un futuro prometedor, pero Castillo no parece verlo así.
Con la pérdida de ingresos económicos producto de los conflictos, los más afectados son las regiones ya que se traducen en canon minero, que son distribuidos en los gobiernos regionales y locales, formando parte exclusivo de sus presupuestos, Si Cuajone con casi dos meses de paralización de sus operaciones, por culpa de los comuneros que reclamaban de manera equivocada, dirigiendo los reclamos a quien no le correspondía atenderlo, dejó de percibir 8 millones diarios por casi dos meses de paralización y Moquegua, dejará de percibir menor canon el próximo año, Apurímac, donde está la mina Las Bambas, aporta el 1% al PBI nacional y que representa el 9% del PBI minero y más del 75% del PBI de la región, también está casi dos meses en permanente conflicto, se perjudica doblemente.
En este escenario no podemos darnos el lujo de poner en peligro los diversos proyectos que tenemos en cartera, o están paralizados por falta de diálogo entre las comunidades y la empresa, el estado lejos de promover una solución, alienta el conflicto, sobre todo en comunidades declarados como enemigos de Las Bambas, inclusive sin estar en zonas de influencia, porque están ubicados a más de 100 kilómetros de la mina, pero allí están, como la comunidad de Fuerabamba, donde un dirigente de apellido Vargas ha recibido S/ 1.6 millones de la minera cuando se produjo el reasentamiento de la vieja Fuerabamba a la nueva ubicación. Hoy dicen “se acabó el dinero, queremos que nos devuelvan nuestras tierras”.
Además, este personaje muy ligado al partido de gobierno, tiene una empresa que alquila camionetas a la minera MMG – Las Bambas y como premio a su incendiaria posición en contra la minería, el partido de gobierno Perú Libre, lo postula a una regiduría en las próximas elecciones municipales. Es esa una cruda realidad de este gobierno, cuyo partido Perú Libre está creando conflictos a la minería y de esa manera prepara el terreno para imponer un gobierno al puro estilo venezolano. Lo mismo que hacen en las comunidades de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, con la empresa AAQ, ¿¿Pura Casualidad ??, no lo creemos, Dios nos coja confesados.
El momento no es propicio para crear conflictos, la estrategia de romper el diálogo, y salirse de la mesa de diálogo no es nada favorable para nadie, lo lamentable es que la estrategia del gobierno contra la minería, amenaza con afectar la atracción de inversiones, que permitan generar más puestos de trabajo, la misma que debe dinamizar la economía y que permita pagar los impuestos, la que finalmente se traduce en canon que debe beneficiar a toda la población.
