POR: ENRIQUE LAZO FLORES
La permanente crisis política en la que nos mantiene este gobierno, está provocando una grave crisis económica, con el colapso de la producción y la reducción en el consumo en niveles por debajo de las condiciones para una supervivencia, y se agrava en algunos sectores donde no hay mano de obra ocupada y menos fuentes de trabajo.
En este escenario debemos reconocer que, por un lado, la crisis política, también está afectando al sistema que quiere imponer este gobierno, donde no solo se demuestra la ineptitud gerencial y la incoherencia en el gabinete, sino, ante la amenaza de la crisis alimentaria, no se vislumbra ninguna planificación para enfrentarla, agudizando más la crisis política, con la aparición de audios que compromete no solo a las esferas del ejecutivo, sino, también en el legislativo.
Y por el otro lado, vemos que la estrategia comunista para salirse con la suya, de asumir el control del principal rubro económico que hasta este momento ha sabido sostener la economía del país, está entrando en un escenario donde este gobierno estuvo preparando desde el inicio de su campaña electoral, la de promover una nueva constitución.
A estas alturas, la mayoría de la población, está mirando el futuro político ya no de la manera en que se lo prometieron, o como lo tenían previsto, ver a Pedro Castillo como al nuevo presidente salido del “Peru profundo”, con un discurso que ilusiona, hoy desgastada, como suele decir él mismo presidente por donde va, de llevar al país a un sitial donde no habría más pobres.
Todos creyeron en ese discurso, sobre todo los sectores más olvidados por los gobiernos de turno, donde solo llegan los políticos a prometer y utilizarlos en campañas para llegar al poder, esos mismos sectores que eligieron a Pedro Castillo, hoy se sienten desengañados y ven cada vez más lejos esa retórica que caló hondo en esta población olvidada, de “No más pobres en un país rico”.
Esa decepción está llevando a la mayoría de esa población, a rechazar la política que viene aplicando este gobierno, al extremo de calificarlo de gobierno corrupto e incapaz de no hacer “clic” con la población, sobre todo con el sector de oposición más recalcitrante quienes hacen un seguimiento a su accionar personal y como presidente de la República, provocado por los errores recurrentes al momento de nombrar a los miembros de su gabinete, donde destacan gente prontuariados, sentenciados, denunciados, sin considerar la meritocracia, capacidad ni experiencia para ocupar cargos en el gabinete, que “hace agua” por donde uno lo mire, convirtiéndose en un gabinete improvisado y mediocre. Claro está, con algunas excepciones.
A esa crisis se suma la crisis minera que está atravesando una de sus peores etapas sobre todo en la producción, agobiado por paralizaciones, bloqueos, atentados a la propiedad privada, incendios, sumados a ello, la crisis sanitaria donde la pandemia puso a prueba la capacidad de respuesta del estado, que desde el inicio de este gobierno demostró incapacidad no solo para enfrentarlo, sino, para crear condiciones de supervivencia en plena pandemia, con la creación de puestos de trabajo, donde la minería jugó un papel muy importante, enfrentándolo y sosteniendo la economía de todo el país.
Eso no parece importarle mucho a Pedro Castillo, ya que, en este momento atraviesa una campaña sostenida desde que inició su mandato por intentar cambiar de modelo de gobierno con el discurso de una nueva constitución, lo que finalmente parece poner en agenda hoy, ante la presentación de un proyecto de ley para nacionalizar el cobre y convertir una de las minas más grandes como Las Bambas en una empresa estatal denominada Las Bambas SAC.
De alguna u otra manera, se espera la respuesta del ministerio de Energía y Minas, quien deberá demostrar que la minería moderna, sobre todo en el sur peruano, no solo está amenazada por un sector con ideología de izquierda, sino también por mafias de abogados y asesores que, en complicidad con dirigentes locales, comunales y mineros ilegales, logran paralizar operaciones como Las Bambas y quemar campamentos de proyectos mineros como Los Chancas. Sin embargo, este ministerio mantiene un silencio cómplice, como avalando los hechos delincuenciales desplegados.
Este accionar de los antimineros no es casual, está plenamente planificado, porque ha quedado establecido que durante la gestión del ministros anteriores, el Minem era como una agencia de mineros ilegales y todo indica que este gobierno se está oponiendo, a la gran minería hasta convertir al Minem en el centro de operaciones de la minería ilegal, dándole espacio a las mafias que actúan en casi todo el sur, repitiendo el discurso comunista de la nacionalización de minas, sin actuar contra estas mafias, como no actuó en Cuajone, y no está interviniendo en Las Bambas y otros lugares donde el conflicto son solucionados por las empresas, asumiendo el papel del estado.
La carencia de una decisión de intervenir en conflictos mineros para garantizar la producción como es su obligación, es romper el principio de autoridad e ignorar el deber de proteger a la inversión minera como manda la constitución y eso, tiene su explicación, el temor de ser calificado como un gobierno mentiroso y agresor, que hoy dice una cosa y mañana otra, así estamos mientras tanto la hambruna nos acecha.
