POR: GUSTAVO PINO
En un escenario político ya de por sí turbulento y marcado por la represión, Nicolás Maduro ha intensificado su ofensiva contra aquellos que considera opositores de su régimen. En una clara emulación del manual cubano de control social, el gobierno venezolano lanzó una campaña masiva de arrestos arbitrarios que recuerda al Plan Terror implementado por la revolución cubana tras la rebelión social del 11 de julio de 2021. Las fuerzas de seguridad venezolanas, bajo las órdenes incesantes de Maduro, comenzaron a detener a personas en las calles, en sus casas y en vehículos particulares, acusándolos de ser “terroristas de extrema derecha”, “vándalos”, “drogadictos” y “fascistas”.
Las detenciones se llevaron a cabo con una brutalidad que ha dejado a la sociedad venezolana atónita y aterrorizada. Las declaraciones de Maduro, llenas de divagaciones y sin pruebas concretas, han intensificado aún más el miedo. Según el “presidente del pueblo”, más de mil grupos delincuenciales entrenados en Texas, Perú y Chile están detrás de una emboscada contra su gobierno. Sin embargo, estas afirmaciones carecen de fundamento y parecen ser un intento desesperado por justificar la represión masiva y mantener el control sobre la población.
La verdadera intención detrás de esta caza y captura gubernamental es clara: silenciar las protestas en los barrios populares y amedrentar a toda la sociedad. Las tácticas de represión y control social utilizadas por el régimen de Maduro muestran un paralelo inquietante con las medidas aplicadas por el gobierno cubano para sofocar la disidencia. El objetivo es el mismo: eliminar cualquier forma de oposición y consolidar el poder a través del miedo y la coerción. La respuesta internacional a esta crisis no se ha hecho esperar. Los presidentes de Brasil, México y Colombia han organizado una reunión virtual con Maduro para tratar la situación en Venezuela. Esta minicumbre presidencial es un intento de buscar una solución pacífica y evitar una escalada de violencia en la región. Sin embargo, las esperanzas de que Maduro ceda a la presión internacional son escasas, dado su historial de desoír los llamados a la democracia y los derechos humanos.
Por otro lado, el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela por parte de varios países, incluido Perú, añade una capa más de complejidad a la crisis. Este reconocimiento, similar al de Juan Guaidó en 2019, pone de manifiesto la falta de legitimidad del régimen de Maduro y la necesidad de una transición democrática en el país. Estados Unidos ha considerado las pruebas presentadas por la oposición como “irrefutables”, lo que refuerza la presión internacional sobre el gobierno venezolano.
La situación se ha agravado aún más tras las elecciones presidenciales recientes, en las que las autoridades electorales concedieron la victoria a Maduro sin pruebas concretas. La oposición, liderada por María Corina Machado, ha denunciado un fraude electoral y ha difundido una base de datos con el conteo completo de 24.532 mesas, en un intento por demostrar la ilegitimidad de los resultados oficiales. La comunidad internacional, incluida la Unión Europea, ha pedido una verificación imparcial de las actas y ha expresado su desconocimiento de los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE). En este contexto de incertidumbre y represión, el llamado del papa Francisco a “buscar la verdad” y actuar con contención para evitar la violencia es más relevante que nunca. La crisis post-electoral en Venezuela requiere una solución pacífica y democrática que permita al país salir del ciclo de represión y violencia en el que se encuentra inmerso.
Maduro, por su parte, ha presumido de tener a dos mil detenidos a los que pretende internar en dos prisiones, mostrando una vez más su disposición a utilizar la represión como herramienta de control. La situación en las calles se mantiene tensa, con enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición, lo que hace temer una escalada de violencia en los próximos días.
