POR: LARRY ORMEÑO CABRERA (ABOGADO ANTICORRUPCIÓN DE ILO)

La corrupción es un cáncer que carcome los cimientos de nuestra sociedad. Sus tentáculos van más allá de las cifras, impactando directamente en nuestros derechos fundamentales. Hoy, el derecho a la educación de miles de niños moqueguanos está siendo silenciado por un presunto acto de colusión y malversación, despojando recursos vitales destinados a su futuro.

El caso de la millonaria adquisición de laptops por el Gobierno Regional de Moquegua (GORE Moquegua) es un doloroso ejemplo. Más de S/ 18 millones destinados a 5,000 laptops para escolares de primaria y secundaria, que según la denuncia que presenté como abogado del Colectivo Anticorrupción de Ilo el 24 de abril de 2024, habrían sido direccionados para adquirir marcas chinas desconocidas a precios inflados.

La investigación preliminar de la denuncia revela detalles preocupantes: tres empresas «minúsculas» de Lima, con apenas uno a tres trabajadores según SUNAT, fueron contactadas para un estudio de mercado de una compra de S/ 18 millones. Estas empresas, supuestamente elegidas por funcionarios de logística, habrían omitido marcas reconocidas para validar solo dos marcas chinas. Incluso se cotizó a una empresa con «BAJA DE OFICIO» en SUNAT desde 2015, lo que sugiere «intereses subalternos».

La Contraloría General de la República, a través de su informe de Hito de Control N.° 002-2024-OCI/5348-SCC, ha confirmado un perjuicio económico de S/ 2.6 millones en este proyecto. La Contraloría evidenció que funcionarios habrían direccionado el proceso, favoreciendo equipos sin garantía ni soporte técnico en Perú. Esto, lejos de beneficiar, ha puesto en riesgo el proyecto y el uso de los equipos.

Lo más preocupante es la postura de la gobernadora de Moquegua, Gilia Gutiérrez, quien ha salido públicamente a defender un proceso plagado de irregularidades. Mientras nuestros escolares siguen sin las laptops prometidas y gravemente perjudicados, la pregunta es inevitable: ¿a quién debe defender la gobernadora? ¿A los niños moqueguanos, cuyo derecho a la educación es vulnerado, o a los proveedores beneficiados por un proceso cuestionable? La respuesta, en un gobierno ético, debería ser siempre la defensa de los derechos de la población.

Peor aún, la Fiscalía Anticorrupción de Moquegua está generando una alarmante percepción de impunidad. Como denunciante, es indignante que hasta la fecha no se me informe de ningún avance. Esta inacción fiscal no solo desmotiva nuevas denuncias, sino que socava la fe en nuestro sistema de justicia.

La corrupción en la compra de bienes educativos no es un mero desfalco; es una afrenta directa al derecho fundamental a la educación. La falta de acceso a laptops funcionales amplía la brecha educativa y perpetúa desigualdades. La defensa de lo indefendible por parte de autoridades erosiona la confianza ciudadana, y la impunidad fomenta un ciclo vicioso de corrupción que sigue dañando a la sociedad.

Es imperativo que la Fiscalía Anticorrupción de Moquegua actúe con la mayor diligencia y transparencia, investigando a fondo y exigiendo responsabilidades. La niñez moqueguana merece que sus derechos sean defendidos con firmeza y que los recursos para su educación sean gestionados con probidad. La prioridad de un gobernante debe ser siempre el bienestar de su pueblo, especialmente de las generaciones futuras.