POR: ARNULFO BENAVENTE DÍAZ
Desde el punto de vista del diseño constitucional, el Perú actual es una república democrática representativa, regida por la Constitución de 1993. Sin embargo, si analizamos cómo funciona el poder en la práctica cotidiana y bajo los conceptos clásicos, la respuesta es compleja y se divide en tres niveles de análisis.
- Bajo ninguna circunstancia el Perú actual encaja en la definición clásica de aristocracia. No existe un gobierno basado en la “virtud”, el “mérito intelectual” o el bien común generalizado, ni una nobleza hereditaria que asuma el poder con un sentido de deber social.
- El Perú es un “régimen híbrido”. En la ciencia política internacional contemporánea, prestigiosas mediciones globales, como el Democracy Index de la unidad de investigación de The Economist o los reportes de Freedom House, clasifican formalmente al Perú como un régimen híbrido.
Esto significa que se encuentra en una zona gris entre la democracia y el autoritarismo.
Existen elecciones regulares, libertad de prensa y separación formal de poderes, pero las instituciones están sumamente debilitadas, hay una altísima desaprobación ciudadana hacia las autoridades y el Estado de derecho se encuentra seriamente erosionado.
- Analistas y sociólogos locales argumentan que, detrás de la fachada democrática, el Perú opera frecuentemente con dinámicas propias de una oligarquía moderna o corporatocracia.
Esto se debe a varios factores.
La captura institucional se expresa cuando sectores del Congreso y del poder político a menudo legislan para blindar intereses particulares, gremios empresariales específicos, universidades privadas de baja calidad o sectores de la economía informal o ilegal, dejando de lado el interés general de la ciudadanía.
Las decisiones del poder político actual, Congreso y Ejecutivo, se sostienen a pesar de tener niveles de aprobación ciudadana históricamente bajos, muchas veces menores al 10%, lo que asemeja el ejercicio de poder al “gobierno de unos pocos para beneficio de unos pocos”.
Existe una profunda exclusión de las demandas de las poblaciones más vulnerables o de las regiones fuera de la capital, repitiendo algunos patrones de concentración de poder que el país ya vivió en su pasado histórico, como el periodo histórico de la República Aristocrática entre 1895 y 1919, que en realidad fue una oligarquía terrateniente.
En resumen: legalmente, el Perú es una democracia representativa; técnicamente, para el mundo, es un régimen híbrido; pero, en la práctica y en la percepción de gran parte de su población, muestra fuertes vicios y comportamientos de una oligarquía.
Evaluando los perfiles de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez bajo la estricta teoría política y sociológica, ninguno califica como “aristócrata”. Ambos representan, de distintas maneras, la categoría de actores de un régimen híbrido, pero con un fuerte arraigo en las dinámicas de la oligarquía y la captura del poder, adaptadas a sus respectivas corrientes ideológicas.
Bajo la concepción clásica, el “gobierno de los mejores” por virtud y búsqueda del bien común, ninguno de los dos encaja. Sus trayectorias están marcadas por la polarización y la alta desaprobación ciudadana. Tampoco pertenecen a una nobleza de sangre tradicional, sino que son políticos profesionales criados en el aparato estatal peruano de las últimas décadas.
Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, tiene un perfil político que se asocia estrechamente con el comportamiento de una oligarquía de poder e influencia política, también llamada oligarquía partidaria.
Aunque no es de la nobleza tradicional, representa un “linaje” político forjado en los años 90 con su padre, Alberto Fujimori. Su partido opera como una corporación política vertical con una cúpula muy cerrada que ejerce enorme control sobre las decisiones del Estado.
Su captura y alianzas con élites económicas se expresan históricamente, y en el marco de sus propuestas hacia el mercado libre, en una asociación con la defensa de grandes intereses corporativos y gremios empresariales, élites financieras y corporativas, un rasgo netamente oligárquico.
Es una de las principales arquitectas del panorama político del Perú; su partido ha usado su fuerza en el Congreso para promover reformas institucionales a su medida, aprovechándose de las debilidades del régimen híbrido.
Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, a pesar de su discurso de izquierda, populista y contrario a las élites económicas, tiene un perfil que, en la práctica política, se enmarca en la oligarquía informal y las contradicciones del sistema híbrido.
Sánchez no proviene del gran capital económico corporativo, se autodefine como “hijo de la educación pública”, pero sí forma parte de una “élite o burocracia política” influyente. Ha sabido mantenerse en cuotas altas de poder como presidente de partido, exministro de Pedro Castillo y actual congresista.
En la ciencia política actual se discute que ciertos sectores de izquierda en el Perú operan bajo lógicas oligárquicas no tradicionales, aliándose o blindando a economías informales, regionales o feudos políticos específicos, gobernando para mantener los privilegios de su propia facción frente a la otra.
En realidad, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez son operadores del régimen híbrido.
La definición más exacta para ambos es que son los máximos exponentes del “régimen híbrido” peruano.
Ambos compiten bajo reglas democráticas formalmente establecidas, elecciones, debates y partidos; controlan estructuras de poder cerradas, oligarquías partidarias; defienden intereses de bloques específicos sobre el interés nacional; y basan su subsistencia política en la polarización absoluta del país.
