POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
El 2 de agosto de 1984, el periodista Jaime Ayala Sulca ingresó a la Base de la Marina, acantonada en el Estadio de Huanta, Distrito y Provincia de Huanta, acudiendo a protestar por un allanamiento al domicilio de su madre por la Policía, él venia investigando sobre el asesinato de seis evangelistas; antes, su denuncia no fue aceptada por la Policía, llegando al recinto militar acompañado del administrador de Radio Huanta Carlos Paz Villantoy y su hermana Zaira Ayala, sólo ingresó él, nunca más se supo de él. Tenía 22 años y un hijo.
Realizaba mis estudios de Maestría en la Universidad Católica, y dentro de una materia referida a los Derechos Humanos a cargo del fallecido Enrique Bernales, nos asignaron individualmente casos, a mi correspondió presentar un informe sobre la desaparición del periodista, y teníamos que partir de un diagnóstico claro y preciso de los hechos, recuerdo que incluso tenía intenciones de viajar al propio Huanta, algún amigo me sugirió que visite las comunidades de desplazados y así lo hice, en los alrededores de Lima, y en un estado de desesperación y necesidad, muchos pueblos migraron y se instalaron, encontrándome con un sector denominado “Nuevo Huanta”; y así me pude encontrar con los familiares de Jaime Ayala, con quienes compartí su dolor y su no renuncia a la verdad y la justicia, que en el contexto parecían inalcanzables; desde entonces, estuve pendiente de la evolución del proceso.
Fue un verdadero vía crucis, reiteradas veces los familiares, especialmente su esposa Rosa Luz Pallqui, acudieron al Jefe Político Militar de la Provincia de Huanta y la Mar Álvaro Adrián Artaza Adrianzén, nunca recibieron respuestas más si la prepotencia y arrogancia de quienes se consideraban inmunes; lo que no los desánimo en sus reclamos, en la inmediatez del momento que entreguen con vida a Jaime Ayala, sobrevinieron las investigaciones fiscales y el apoyo de la prensa nacional, pues también era periodista del diario “La República”. El caso se acumuló a otra investigación denominada caso “Pucayacu”, paso por el Fuero Privativo Militar, luego volvió al fuero ordinario; uno de los principales investigados, quien debería estar en la condición de “depositado” en la Base Naval de la Punta, por estar en proceso, fue extrañamente secuestrado en las calles de Surco, para luego el Procurador Público solicitar su muerte presunta, y como efecto que se archive el proceso penal, nos referimos a Álvaro Artaza. Acortó la evolución de los hechos, pero suficientes para colocarnos en los entramados judiciales a los que estuvo sujeta la esperanza de encontrar la verdad.
La etapa del juicio oral inició a comienzos del 2022 en la Cuarta Sala Penal Superior Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, presidida por la jueza Miluska Cano, teniendo dos procesados Alberto Rivera Valdevellano, ex jefe del Comando Político Militar de Huanta y La Mar, y Augusto Gavilondo García del Barco, ex jefe de la base contrasubversiva de Huanta.
Coincidentemente, 40 años después y un día antes del “Dia del Periodista”, luego de un complejo y dilatado proceso judicial, se emitió una trascendental sentencia condenatoria, encontrando responsabilidad penal en Alberto Rivera, condenándolo a 18 años de prisión; y en el caso del otro procesado García del Barco, se dispuso su reserva, quien siguió el proceso de forma virtual y en la etapa final se desconectó, ordenándose su extradición.
Como era de esperarse, uno de los procesados apeló a la reciente ley 32107, sobre la prescripción de delitos de lesa humanidad, a lo que la sala respondió desestimando el pedido, ejercitando el control difuso, disponiendo su inaplicación, asumiendo control de Convencionalidad y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y reafirmado que “el Estado peruano está obligado a investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, estableciendo así que ninguna ley puede ser utilizada para evadir la responsabilidad en casos de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad”.
El hoy parlamentario fujimorista, Fernando Rospigliosi, twitteaba: “Estos tres miserables jueces, politizados y prevaricadores, Miluska Cano, Oto Verapinto y Helbert Llerena, han condenado al almirante MGP Alberto Rivera a 18 años de prisión, por hechos ocurridos hace cuarenta años en Huanta, Ayacucho.” Lo menos que podemos reclamarle a nuestra clase dirigente es ponderación, obviar los epítetos y los adjetivos descalificadores, pero eso es mucho pedir, sino queremos pecar de ingenuos. El tiempo no puede borrar de un plumazo la justicia, la justicia es verdad y con la verdad se construye institucionalidad y oportunidad de encontrarnos. Recurrir al argumento de la politización de la justicia, aunque se ha vuelto recurrente, y no permitir que se esclarezcan los hechos que, por cuarenta años, han estado sujetos a los vaivenes de la política, las presiones y condiciones del poder político, la insensibilidad de la administración de justicia, es negar la esencia de un auténtico estado constitucional, “defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad”, sin distingos de ningún tipo.
Esta sentencia no nos devuelve con vida a Jaime Ayala, ni mucho menos sus restos, sigue en la condición de desaparecido, que es el drama de muchas familias, que se encontraron entre dos fuegos; pero ayuda a reparar los daños, por lo menos moralmente y dan un mensaje de legitimidad para el propio Estado, que tiene el deber de dar justicia. Un desaparecido es un ausente siempre presente, a quienes sus familias nunca renuncian en la esperanza de justicia; con Jaime Ayala, esperaron 40 largos años para que nuestro sistema de justicia reaccione; algo de alivio se tiene. Porqué tanta indolencia.
Tuve el privilegio de conocer personalmente a Rosa Luz Pallqui, esposa de Jaime Ayala Sulca, noble, luchadora, ejemplo de carácter y perseverancia; sé que esta decisión judicial es consecuencia de su paciencia y valentía, en algo estamos honrado como Estado y sociedad, sus limpios y humanos afanes de justicia para su esposo.
