El expresidente Martín Vizcarra Cornejo no logró que el Poder Judicial archive el proceso en su contra por el presunto delito de colusión simple en agravio del Estado, vinculado a los proyectos de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua. Así lo resolvió el juez Víctor Alcocer, quien declaró infundado el pedido de excepción por prescripción presentado por su defensa.

La estrategia legal del exmandatario, representado por el abogado Erwin Siccha, se centró en argumentar que los hechos atribuidos por la Fiscalía ocurrieron en noviembre de 2013, por lo que —a su criterio— ya habrían vencido los plazos tanto ordinarios como extraordinarios para continuar con el proceso penal. Sin embargo, el magistrado Alcocer Acosta sostuvo que, tratándose del delito de colusión simple, el plazo de prescripción es de 12 años, por lo que la acción penal se mantendrá vigente hasta noviembre de 2025.

De esta manera, se descartó el cierre anticipado del caso, dando luz verde a la continuidad del proceso que afronta el exgobernador regional de Moquegua por presunto favorecimiento irregular a dos consorcios empresariales en la adjudicación de la buena pro de estos importantes proyectos de infraestructura.

El fiscal adjunto Osias Castañeda, quien participó en la audiencia, expresó su conformidad con la decisión del juez, al considerar que los argumentos expuestos por el Ministerio Público han sido debidamente respaldados por el plazo legal aplicable. Por su parte, el abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, anunció que interpondrá un recurso de apelación para que la resolución sea revisada por una instancia superior.

Actualmente, el juez Víctor Alcocer lleva adelante la audiencia de control de acusación respecto a la solicitud fiscal de imponer a Martín Vizcarra una pena de 10 años de prisión por el presunto delito de colusión simple. Paralelamente, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional viene desarrollando el juicio oral contra el exmandatario, proceso en el que el fiscal Germán Juárez Atoche ha solicitado 15 años de cárcel al acusarlo por cohecho pasivo propio en agravio del Estado, igualmente en relación con los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.