POR: JULIO FARFÁN VALVERDE
La designación del médico Daniel David Sánchez Alarcón como nuevo director de la Red de EsSalud Moquegua ha encendido las alarmas entre médicos y trabajadores de la propia institución, quienes acudieron a La Prensa Regional tras acceder recientemente a un Auto de Enjuiciamiento —hasta entonces no conocido públicamente— para denunciar su profunda preocupación e indignación. No es para menos: Sánchez Alarcón enfrenta serias investigaciones del Ministerio Público por presuntos actos de corrupción en agravio de la misma entidad que hoy, insólitamente, vuelve a confiarle su administración.
El regreso de un funcionario procesado penalmente por corrupción, lejos de fortalecer el sistema de salud, profundiza la desconfianza de los asegurados y pone en grave riesgo la calidad de la atención que reciben los pacientes. Se trata de una figura cuestionada, cuya gestión anterior estuvo marcada por graves irregularidades tipificadas como delitos, y que ahora vuelve a asumir un cargo clave como si nada hubiese pasado.
Los médicos manifestaron su hartazgo ante el permanente reciclaje de funcionarios investigados en EsSalud, donde —denunciaron— los nombramientos responden más a intereses políticos y personales que a criterios de idoneidad y transparencia. Recordaron que Sánchez Alarcón enfrenta un proceso penal abierto en el Juzgado Penal de Moquegua, donde ya se dictó un Auto de Enjuiciamiento solicitando cárcel efectiva por los delitos cometidos durante su anterior gestión.
La gravedad del asunto no es nueva. En el año 2018, la Unidad de Investigación de La Prensa Regional ya había destapado un caso escandaloso: Sánchez Alarcón y varios funcionarios de EsSalud favorecieron irregularmente a la empresa Centro del Riñón SAC mediante órdenes de servicio fraccionadas que sumaban más de 750,000 soles, vulnerando abiertamente la normativa vigente, por lo cual, en ese entonces, fue destituido del cargo.
Tras casi siete años, este emblemático caso de corrupción llegó a juicio, con Daniel Sánchez Alarcón como uno de los principales imputados. Paradójicamente, la misma institución que fue víctima de su cuestionada gestión hoy vuelve a entregarle las riendas de su administración, en una decisión que, a todas luces, resulta inadmisible y que exige la inmediata atención de las autoridades competentes.
AUTO DE ENJUICIAMIENTO: EXPEDIENTE 00165-2019
El juez Rafael Bartolomé Copaja Mamani, del Tercer Juzgado de la Investigación Preparatoria – Sede Nuevo Palacio de Moquegua, en lo que corresponde al expediente 00165-2019-96-2801-JR-PE-03, con fecha 31 de enero de 2025, estuvo a cargo del Auto de Enjuiciamiento N.° 03-2025, contenido en la Resolución N.° 44.
El Ministerio Público, representado por el Segundo Despacho Provincial Corporativo Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Segunda Fiscalía Superior Penal de Moquegua), en audiencia pública, realizó el requerimiento de acusación, imputando a los acusados Daniel David Sánchez Alarcón, Luis Alberto Arrisueño Lovón y Roberto Federico Mazza Núñez en calidad de autores por la comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, ilícito previsto y sancionado por el artículo 399° del Código Penal.
MINISTERIO PÚBLICO SOLICITA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD E INHABILITACIÓN
El requerimiento fiscal solicita que se imponga a los tres acusados una pena de cuatro (04) años, ocho (08) meses y un (01) día de pena privativa de libertad, así como su inhabilitación por el mismo periodo de tiempo, conforme al artículo 36° del Código Penal, inciso 1 (privación de la función, cargo o comisión) e inciso 2 (incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público).
Asimismo, se solicita imponer una multa de 180 días-multa equivalente a: S/ 18,000.00 (dieciocho mil soles) para Daniel David Sánchez Alarcón. S/ 13,500.00 (trece mil quinientos soles) para Luis Alberto Arrisueño Lovón y S/ 5,700.00 (cinco mil setecientos soles) para Roberto Federico Mazza Núñez.
La Procuraduría Pública Especializada en Corrupción de Funcionarios se constituyó como actor civil y solicitó el pago de S/ 60,000.00 (sesenta mil soles) por concepto de daño extrapatrimonial, monto que deberá ser abonado de manera solidaria por los imputados en favor del Estado, representado por la Red Asistencial Moquegua – Seguro Social de Salud EsSalud.
ACUSACIÓN CONTRA DANIEL DAVID SÁNCHEZ ALARCÓN
Se imputa a Daniel David Sánchez Alarcón (director de la Red Asistencial Moquegua) haberse interesado indebidamente en la fase de selección y ejecución de la contratación irregular del servicio de hemodiálisis a los pacientes de la Red Asistencial EsSalud Moquegua e Ilo, que se ejecutó desde el 9 de mayo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018.
Sánchez Alarcón habría favorecido a la empresa Centro del Riñón S.A.C. para la prestación del servicio sin contar con un procedimiento de selección culminado. Para ello, se fraccionó el pago del servicio de hemodiálisis de forma quincenal, semanal e incluso diaria, mediante la expedición de: 31 órdenes de compra correspondientes al Hospital II Moquegua, y 29 órdenes de compra correspondientes al Hospital II Ilo, con fechas desde el 5 de julio hasta el 4 de enero de 2019, todas a favor de la empresa Centro del Riñón S.A.C. El objetivo habría sido evitar que los montos superaran las 8 UIT, para eludir la obligación de convocar a un proceso de selección bajo la Ley de Contrataciones del Estado.
Recién el 13 de septiembre de 2019, EsSalud suscribió el Contrato N.° 29-UAIHyS-OA-DRAMOQ-ESSALUD-2019 con la empresa Centro del Riñón S.A.C., mediante un proceso de Contratación Directa N.° 02-2019-ESSALUD/RAMOQ-1, regularizando así el periodo comprendido del 9 de mayo de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
El interés indebido imputado al acusado se habría dado de manera indirecta (contratación del servicio) y directa (firma del contrato).
ACUSACIÓN CONTRA LUIS ALBERTO ARRISUEÑO LOVÓN
Se imputa a Luis Alberto Arrisueño Lovón (jefe de la Oficina de Administración de la Red Asistencial Moquegua) haberse interesado indebidamente, de forma directa, en la fase de selección (contratación) y ejecución (emisión de órdenes de compra) de la contratación irregular del servicio de hemodiálisis para los pacientes de la Red Asistencial EsSalud Moquegua e Ilo, en el periodo comprendido entre el 9 de mayo de 2018 y el 14 de agosto de 2018.
Según la imputación, Arrisueño Lovón favoreció a la empresa Centro del Riñón S.A.C., para lo cual se fraccionó el pago mediante: 7 órdenes de compra correspondientes al Hospital II Moquegua y 6 órdenes de compra correspondientes al Hospital II Ilo, emitidas entre el 5 de julio y el 25 de julio de 2018. Todas estas órdenes favorecieron a la misma empresa, buscando evitar que los montos superaran las 8 UIT, eludiendo así los procesos de selección exigidos por ley.
Se señala que el contrato regularizador recién se suscribió el 13 de septiembre de 2019.
ACUSACIÓN CONTRA ROBERTO FEDERICO MAZZA NÚÑEZ
Se imputa a Roberto Federico Mazza Núñez (jefe de la Unidad de Adquisiciones, Ingeniería Hospitalaria y Servicios de EsSalud Moquegua) haberse interesado indebidamente, de forma directa, en la contratación irregular del servicio de hemodiálisis para los pacientes de la Red Asistencial EsSalud Moquegua e Ilo.
Mazza Núñez habría favorecido a la empresa Centro del Riñón S.A.C. fraccionando los pagos a través de: 31 órdenes de compra correspondientes al Hospital II Moquegua y 29 órdenes de compra correspondientes al Hospital II Ilo, emitidas entre el 5 de julio de 2018 y el 4 de enero de 2019, todas destinadas a la misma empresa y con el propósito de evitar los límites establecidos por ley (8 UIT).
JUEZ ENVÍO CASO AL JUZGADO UNIPERSONAL
Finalmente, el juez Rafael Bartolomé Copaja Mamani, en el Auto de Enjuiciamiento, dispuso que el requerimiento de acusación interpuesto por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios sea remitido al Juzgado Unipersonal para su tramitación correspondiente.
El regreso de Daniel Sánchez Alarcón a la dirección de EsSalud Moquegua, pese a enfrentar cargos graves de corrupción, confirma que en esta institución la impunidad no solo persiste, sino que se premia.
Mientras el juicio avanza y las pruebas se acumulan, los asegurados quedan expuestos a una administración cuestionada, donde la integridad se sacrifica a favor de intereses que desacreditan cualquier esfuerzo real de reforma. La salud pública, una vez más, queda en manos de quienes deberían rendir cuentas ante la justicia.
