Informe final de Juan Sheput recomienda la destitución e inhabilitación de Pedro Chávarry por 10 años

El congresista Juan Sheput entregó su informe final sobre las denuncias acumuladas presentadas en contra del fiscal supremo Pedro Chávarry a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

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Juan Sheput

El legislador de Concertación Parlamentaria, Juan Sheput, recomendó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso la destitución de Pedro Chávarry como fiscal supremo titular, así como su inhabilitación por 10 años por infracción a los artículos 38, 41 y 158 de la Constitución Política del Perú.

En su documento final sobre las denuncias contra el extitular del Ministerio Público presentado ante el subgrupo de trabajo, Sheput planteó esta medida en atención al informe de la fiscal Sandra Castro, que establece una presunta vinculación de Chávarry Vallejos con la organización criminal ‘Los cuellos blancos del puerto’, y también por los pedidos de información a los fiscales Rafael vela y José Domingo Pérez sobre el avance de las investigaciones en el caso Odebrecht y los procesos disciplinarios de oficio abiertos a estos últimos que debilitaron la lucha anticorrupción.

El congresista recomienda también a la Acusaciones Constitucionales que Pedro Chávarry sea acusado por los presuntos delitos de promoción, constitución o integración a una organización criminal y encubrimiento real, así como que sea suspendido en el ejercicio de sus funciones y ponerlo a disposición de la jurisdicción penal para los fines pertinentes.

Con respecto al fiscal supremo Tomás Gálvez, Juan Sheput propuso archivar las denuncias por los supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y omisión de denuncia −previstos en los artículos 317, 400 y 407 del Código Penal− e infracción constitucional a raíz del caso ‘Los cuellos blancos del puerto’.

Este informe final, que es el resultado del análisis de 5 denuncias constitucionales acumuladas presentadas contra Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, fue presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y deberá ser debatido en una próxima sesión a fín de determinar si este subgrupo de trabajo hace suya las recomendaciones ante la Comisión Permanente y el pleno de la representación nacional.

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