POR: JULIO FAILOC RIVAS
Si bien el Tribunal Constitucional (TC) no indultó a Alberto Fujimori, su dictamen en el fondo tiene los mismos efectos como si lo hubiera hecho, validó un indulto trucho –que en su momento fue un negociado para salvar de la vacancia a PPK a cambio de liberar a Fujimori–, abriendo de manera cruel las heridas de las familias afectadas por los crímenes atroces cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Cuesta entender las motivaciones del repentino pronunciamiento del TC sobre el habeas corpus que anula la resolución de la Corte Suprema sobre el indulto a Fujimori, sin embargo, a nosotros nos queda claro que esta decisión ha sido estrictamente política, y cuyos múltiples efectos favorecen al Ejecutivo y también a los que tienen cuentas pendientes con la justicia, así como a los que han venido haciendo politica sobre la base de la confrontación.
La bulla generada en torno a la liberación de Alberto Fujimori y su inminente retorno a la cárcel –una vez que se pronuncie la Corte Interamericana de Derechos Humanos– le conviene a más de uno, empezando por el Ejecutivo. Pedro Castillo tiene pendiente para este 28 de marzo su comparecencia ante el Congreso de la República para responder a la moción de vacancia presidencial que fue aprobada por 76 votos; el ministro del agua arracimada, cuya censura era inminente y cuyo gesto político de reconocimiento hacia Aguinaga (operador de las esterilizaciones forzadas) y su denuncia a los “caviares” (por el supuesto festín de los contratos de las vacunas y de las consultorías sin resultados) le terminaron prolongando la vida por un mes más.
No obstante, están pasando desapercibidas las declaraciones de Marcelo Odebrecht en torno a los sobornos de los tres millones de dólares entregados a Ollanta Humala y Nadine Heredia para la campaña del 2006, por lo que es de suponer que, de igual manera, pasarán piola todos los pendientes por corrupción en lo que dure la confrontación política en torno a la liberación de Fujimori.
Otros beneficiarios de la polarización son los extremos políticos cuyo objetivo es desprestigiar y liquidar al centro político. La extrema derecha y la izquierda radical tienen un pacto político implícito: desaparecer el centro político –a quienes ellos denominan “caviar”–, y el mejor contexto para ello es la polarización, siendo el indulto de Fujimori el óptimo escenario para la acumulación política de estos dos extremos; de allí que apostar a la permanencia del ministro del agua arracimada a cambio de información para liquidar a los “caviares” es parte de su estrategia de cara a las elecciones regionales y municipales, y porque no decirlo, de las elecciones presidenciales si se cae el gobierno de Castillo.
Al parecer las últimas movidas de Castillo en torno al repentino cambio del ministro de Justicia, la bajada de dedo al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, y la posible entrega de las cabezas de su “gabinete en la sombra” han sido gestos necesarios, pero insuficientes para hacerse beneficiario –por extensión– del indulto de Fujimori. El fujimorismo en sus diferentes versiones quiere más, por ejemplo, que el presidente no derogue la resolución suprema que indultó a Fujimori –pues de hacerlo imposibilitaría el indulto–. Gestos de esa naturaleza podrían apaciguar las aguas momentáneamente, pero de ninguna manera parar las intentonas de vacancia y es posible que Castillo lo sepa, solo basta recordar como terminó PPK con el indulto de Fujimori.
El presidente Castillo tendría que hacerse una pregunta ¿vale la pena actuar de esta manera para beneficiarse con el indulto de Fujimori?, pues más temprano que tarde Fujimori retornará a prisión, mientras la vacancia será solo un asunto de tiempo –en tanto aparezcan nuevas evidencias de corrupción que lo involucre–. Además, depende de que los vacadores logren convencer a Dina Boluarte de que acepte sucederlo… mientras tanto, Castillo será un vacado estructural y permanente.