POR: MG. GLORIA IVONY MAYNAS ESPÍRITU (ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO – LICITACIONES) [CELULAR 952956134]
Sobre las manifestaciones que hubo a fines de año pasado por parte de los trabajadores del sector agrario es algo que no puedo dejar solo para la historia; quizás no sea la única que tiene interrogantes sobre este tema.
Cada vez que escucho hablar de la agricultura regresan a mí la infancia que me tocó vivir en la chacra y encontrándome en un conversatorio con el catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú – Christian León, recité: “No es posible que las autoridades sigan maltratando a nuestros agricultores – ¿Acaso no reconocen el real valor del agricultor? no es fácil sembrar, cosechar, comprar insumos, pagar peones, etc.” – Ahora es mi turno, insistió: “imagínate que tú eres empresaria y como empresa no te resulta favorable tener trabajadores por planilla por múltiples razones (en el momento las explicó), por lo que tercerizas y trasladas esa responsabilidad”. En el acto entendí que no solo se trataba de prestar atención al campesino sino a todos del sector agrario.
Entonces, ¿quién vigila a quién? ¿No se supone que la SUNAFIL tiene como propósito fiscalizar y velar por la normatividad sociolaboral y por los derechos laborales del trabajador? ¿Y porque no se reclamó nada al Ministerio de Trabajo?
Por el contrario, las protestas se fortalecían en la pronta derogación de la Ley de Promoción Agraria, cuya vigencia había sido ampliada por el expresidente Martin Vizcarra hasta el 31 de diciembre de 2031, cuya Ley, estaba dirigida para las personas naturales o jurídicas que realicen actividades agroindustriales para priorizar la inversión y desarrollo agrario, a través de una baja tasa de impuestos a la renta con el fin de reducir la informalidad.
Es decir, motivarlos a no cabecear el Estado y mejorar las condiciones de negocio, en consecuencia reconocer los derechos laborales que a la fecha nada de nada pero el pasado 31 de diciembre fue publicada la Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el Sector Agrario Riego, Agroexportador y Agroindustrial, y en el dictamen de la Comisión de Economía del Congreso, indicaron que, según información del censo agrario, hay 2,2 millones de unidades productivas, de las cuales, según SUNAT de la declaración jurada anual de Impuesto a la Renta del 2018, se tuvieron 3.213 acogidos a la Ley de Promoción Agraria.
Con esta cifra: ¿valdrá la pena seguir incentivando? No está mal que el Estado proponga estrategias de formalidad e incentivos por cierto tiempo; lo que está mal es que no hay quien vigile su cumplimiento, esperemos que en su reglamentación lo evalúen.
