Capital Humano y Social Alternativo, la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial y la Corte Superior de Justicia de Cusco organizó el “Taller de Capacitación para Operadores de Justicia del Sur del país contra la Explotación Humana: Trata de personas, Explotación Sexual y Trabajo Forzoso” los días jueves 24 y viernes 25 de octubre del presente.
El taller permitió incrementar las capacidades de 100 operadores de justicia de las distintas regiones del sur del país –Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Ica, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna– para una mejor investigación y juzgamiento de los delitos de trata de personas, explotación sexual y trabajo forzoso, así como para una adecuada protección y mejor defensa jurídica de las víctimas.
Las principales conclusiones del evento fueron que la trata de personas, la explotación sexual y el trabajo forzoso son parte del fenómeno de explotación humana, que vulnera el grupo esencial de la dignidad humana pues instrumentaliza y cosifica a la persona.
Asimismo, es necesario seguir promoviendo la especialización de los operadores de justicia, con la finalidad de brindar un abordaje acorde con la complejidad de este fenómeno delictivo. Ello implica evaluar la creación de un subsistema especializado en explotación humana en el Poder Judicial para el conocimiento de estos casos, así como ampliar las competencias de las fiscalías especializadas ya existentes para conocer no solo los casos de trata de personas, sino también las distintas modalidades de explotación.
Debe promoverse el uso de las técnicas especiales de investigación de los delitos de explotación humana, a saber, el agente encubierto, la video-vigilancia y las escuchas telefónicas, de manera que se pueda lograr una mayor efectividad de la persecución penal de los tratantes y explotadores.
Considerarse el rol y la intensidad del trauma y la situación de vulnerabilidad que atraviesan las víctimas, la cual no es exclusivamente de carácter económico, sino también físico, psicológico, psiquiátrico y de antropología social, que la colocan en una situación de subordinación frente a los tratantes y explotadores.
El proceso penal debe cubrir las demandas y necesidades de las víctimas de manera integral y completa, con reparaciones civiles adecuadas y proporcionales a la magnitud del daño y los perjuicios ocasionados.
Se debe fortalecer la labor de los defensores públicos especializados en la atención de víctimas de trata de personas, sobre todo para la constitución como actor civil, la legitimidad de la prueba anticipada y la elaboración de pericias psicológicas, entre otros.