POR: CELSO VERA SUÁREZ
El puerto de Ilo venía sufriendo los embates de la delincuencia y el crimen desde hace mucho tiempo atrás. Recordemos el asesinato del empleado de un depósito de gas en la Pampa Inalámbrica; asaltos a plena luz del día a cambistas, a distribuidora de embutidos, a farmacias, ferreterías, restaurantes; incendio de un auto con una persona adentro, etc. De tal manera que, el enfrentamiento con armas de fuego de la policía con integrantes de la banda “El tren de Aragua”, que costó la vida de un efectivo policial y que pudo ser la vida de un ciudadano cualquiera en medio del fuego cruzado, sólo fue la gota que rebalsó la paciencia de la población y que la obligó a salir a las calles a manifestar su ira e indignación ante la desidia e inercia de las autoridades políticas y policiales.
Ante todo, tenemos que señalar, primeramente, que la solución al problema de la inseguridad ciudadana, la delincuencia, el crimen espontáneo y organizado que azota el país (Ilo no es la excepción), debe ser política de Estado; es decir, le corresponde al presidente de la República, a los ministros y al congreso tomar las medidas correctivas pertinentes. ¿Lo hacen? No.
Lamentablemente todos los gobiernos han hecho oídos sordos y vista ciega ante el horror delincuencial que sufre la ciudadanía. En Lima, la delincuencia y el crimen han ganado las calles y ya nadie puede vivir en paz: asesinatos, violaciones, extorsiones y asaltos están a la orden del día.
En Trujillo, el crimen organizado ha lotizado la ciudad para extorsionar y cobrar cupos a microbuseros, taxistas, empresarios, y a los que no se avienen a sus requerimientos son amenazados o asesinados. Lima y Trujillo se han “tijuanizado” y “mexicanizad”o, y esto comienza a extenderse a todo el país a vista y paciencia del presidente y el Congreso que no atinan a nada, más bien se enfrascan todos los días en trifulcas y enfrentamientos bochornosos que causan la repulsa y la ira de la ciudadanía.
El Poder Judicial, Ministerio Público y PNP, juegan su partido aparte por su ineptitud y benevolencia: delincuentes y criminales son liberados prontamente; asesinos, narcos, corruptos y ladrones son beneficiados con leyes y normas benévolas absurdas: delincuentes y criminales gozan de derechos humanos antes que los ciudadanos honestos, detenciones domiciliarias, comparecencias, cárceles doradas y otras jugadas. En conclusión, la ciudadanía queda a merced de la delincuencia y el crimen.
En Ilo, ante los hechos acontecidos, ¿qué hacer en lo inmediato? Algunas sugerencias:
1°) Que el alcalde provincial, distritales y sociedad civil, eleven un pronunciamiento al presidente de la República y al congreso, exigiendo la declaratoria de emergencia a la provincia de Ilo, y que el presidente cumpla su palabra dada en su primer mensaje a la nación: “Doy 72 horas de plazo para que los venezolanos abandonen el país” (¡?)
2°) Que el pueblo organizado exija a los dueños de hoteles, restaurantes, empresas y otros, den prioridad de trabajo a ciudadanos peruanos.
3°) Que el pueblo organizado exija a Migraciones y PNP, un control más efectivo en el ingreso de ciudadanos extranjeros, colocando puestos de control en la costanera norte y sur. Más presencia policial en las calles.
La ciudadanía debe estar alerta al cumplimiento de estas exigencias inmediatas.