Por: Enrique Rivera Salas
En un ambiente marcado por la creciente inseguridad en Mollendo y sus alrededores, surge la necesidad de que las autoridades retomen la instalación de una oficina de la Defensoría del Pueblo en la ciudad. Hasta cuándo vamos a seguir dependiendo de Arequipa.
Esta institución ofrecería un canal accesible para que los más de 60,000 habitantes de la provincia de Islay, incluidos pobladores de asentamientos humanos y asociaciones de interés social, puedan recibir atención y orientación en temas de derechos humanos, servicios públicos y supervisión de entidades estatales.
La Defensoría del Pueblo es un organismo público que, de manera gratuita, recibe quejas, consultas y pedidos legales de la ciudadanía, con especial atención a la defensa de derechos humanos y la supervisión del cumplimiento de las leyes. Entre sus funciones, se encuentra vigilar que las entidades públicas, como ministerios, municipalidades, hospitales y delegaciones policiales, cumplan adecuadamente con sus funciones, evitando demoras injustificadas o abusos de autoridad.
Además, la Defensoría canaliza los problemas denunciados ante empresas de servicios públicos, como agua, electricidad y telefonía, para que cumplan con los estándares de calidad y respeten las tarifas establecidas, protegiendo así el derecho de los usuarios a servicios eficientes y transparentes. Esto adquiere especial relevancia en áreas con limitados recursos legales y donde la ciudadanía podría no estar plenamente informada de sus derechos.
La Defensoría interviene en casos variados, desde la defensa de personas con discapacidad y adultos mayores, hasta la supervisión de los derechos de personas privadas de la libertad. En cuanto a los servicios públicos, vigila que trámites y procesos no excedan los plazos establecidos por la ley y que las autoridades locales no se aprovechen de su posición para imponer trabas o exigir pagos indebidos.
La carencia de una oficina de la Defensoría del Pueblo en Mollendo limita el acceso de sus habitantes a importantes servicios, especialmente en temas sensibles como los derechos del niño y del adolescente, los derechos de la mujer, y el acceso a pensiones. En ciudades donde las instituciones locales no siempre cumplen su rol de manera adecuada, la presencia de la Defensoría podría contribuir significativamente a mejorar la calidad de vida y la protección de derechos.
Para el ciudadano de Mollendo, contar con una oficina de la Defensoría representaría un avance importante en el acceso a la justicia y en la defensa de sus derechos. Esto plantea una interrogante importante: ¿Qué están haciendo las autoridades locales para atender esta necesidad? La respuesta es clara: Nada.
Ahora que se viene la temporada de verano, los negocios crecen en demanda y Mollendo, principalmente, recibe tantos visitantes que su población se duplica y con ello los problemas en los servicios que el poblador recibe, y si no tenemos una oficina de la Defensoría en Mollendo, no es justo que para un trámite así tengamos que viajar hasta Arequipa. ¿Hasta cuándo autoridades?
