Luego que el Ministerio Público allanara la sede del Gobierno Regional de Moquegua, la vivienda del gobernador regional Zenón Cuevas Pare y domicilios de funcionarios y proveedores, como parte de la investigación por presuntos actos de corrupción, el GORE Moquegua emitió el comunicado Nro. 004-2022.
Como se recuerda, el día 10 de febrero del presente, se ejecutó el mega operativo de allanamiento y descerraje, registro domiciliario y registro personal de los investigados en las instalaciones del Gobierno Regional, así como en sus inmuebles domiciliarios, ordenado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria-Sede Nuevo Palacio, en el cual se encuentra como investigado el gobernador regional Prof. Zenón Cuevas Pare, todo ello a solicitud del fiscal provincial del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del fiscal Víctor Arturo Muñoz Leiva.
Según el documento, niegan rotundamente que el Gobierno Regional de Moquegua no haya entregado información a los fiscales a cargo de esta y otras investigaciones; al contrario, esta gestión siempre ha colaborado con los requerimientos fiscales, desde el inicio hasta el fin de las diligencias. Esto se acredita por el propio texto de la resolución judicial (página 22), emitida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria que autoriza el allanamiento e incautación en la sede del Gobierno Regional, donde manifiesta que la intervención fiscal no es por existir negativa a entregar información, sino porque la naturaleza de los delitos que se investigan (colusión, negociación incompatible y tráfico de influencias), son de naturaleza clandestina, se cometen a ocultas, sin que pueda verificarse su realización en forma, modo o lugar, y por ello amerita realizar allanamientos incautaciones, etc.
Los hechos investigados, que motivaron la intervención del Ministerio Público en la Sede del Gobierno Regional, datan de agosto del 2020; es decir, no son hechos recientemente cometidos en flagrancia que justifiquen la intervención en oficinas y domicilios de los investigados es más, esta denuncia fue archivada por el propio fiscal Víctor Arturo Leiva Muñoz mediante Disposición Fiscal Nº 08 de fecha 16 de junio del 2020 es decir, se realiza la intervención fiscal luego de más de 18 meses de inactividad del fiscal a cargo del caso.
En esta denuncia se imputa al gobernador regional de Moquegua, Prof. Zenón Gregario Cuevas Pare la comisión del delito de colusión y otros; pero en el requerimiento fiscal del allanamiento y en la resolución judicial que autoriza, no se menciona ni un medio probatorio relevante o indicio que lo vincule con los involucrados en la presunta comisión de estos delitos, señalan.
Agregan: “Al parecer, se trata de denunciar por denunciar y, se involucra al gobernador por el solo hecho de ser el titular de la entidad, pero no porque exista pruebas (o por lo menos indicios) que ameriten dichas intervenciones. En este sentido, exigimos al Ministerio Público y a la Procuraduría Pública Anticorrupción que eviten hacer de su trabajo una exposición mediática innecesaria, magnificando hechos que se investigan por segunda vez y sobre esa base montar mega operativos de supuesta lucha contra la corrupción, generando en la comunidad moqueguana la percepción de que el gobernador regional está cometiendo actos de corrupción. Recordamos al Ministerio Público y a la Procuraduría Anticorrupción de Moquegua, que la responsabilidad penal es objetiva y no subjetiva, menos direccionada”.
Precisan, que la intervención extrañamente se realiza en un escenario de escándalo nacional que involucra al propio Poder Ejecutivo, que consideran una clara interferencia de poderes reflejándose un proceso de criminalización y judicialización de las autoridades elegidas democráticamente, que ponen en serio riesgo la democracia y la gobernabilidad. Este tipo de intervenciones se han dado en la mayoría de los Gobiernos Regionales del sur del país, y también en la región Moquegua, utilizando la misma estrategia de magnificar los hechos denunciados para justificar los mega operativos anticorrupción, sin haber obtenido pruebas relevantes que justifique la actividad fiscal y/o judicial.
Finalmente, reafirman su compromiso de colaborar y facilitar toda investigación fiscal en la sede regional las mismas que deberán realizarse en el marco del respeto de los derechos fundamentales de la persona, como el derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Asimismo, exigen celeridad a la Fiscalía en los actos de investigación de este caso, y en los demás que involucren a servidores del Gobierno Regional de Moquegua con actos de corrupción, que se determine la responsabilidad penal y se solicite la aplicación de la sanción que corresponda.
