El Poder Ejecutivo prorrogó por 30 días calendario el estado de emergencia en las carreteras de la Red Vial Nacional y en las Redes Viales, en el ámbito departamental y regional.
Mediante decreto supremo, publicado en edición extraordinaria del boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se establece que la vigencia de la presente medida rige desde este viernes 14 de julio, en el Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa y en el Corredor Vial Interoceánica Sur.
De igual modo, en las siguientes vías: Carretera Panamericana Norte, Carretera Panamericana Sur, Carretera Central, Vía Los Libertadores, Carretera Fernando Belaúnde Terry, Carretera Federico Basadre y Carretera Binacional (Puno-Tacna), de acuerdo con el anexo del dispositivo.
El decreto también señala que la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, mantendrá el control del orden interno en dichas vías, incluyendo los 500 metros adyacentes a cada lado de estas.
Precisa que, mientras dure la medida, se aplica lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, en lo que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
Asimismo, la intervención de la policía y las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el decreto legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP y las fuerzas militares, en el territorio nacional y su reglamento; y el “Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personasen condición de vulnerabilidad”.
Indica que la policía deberá presentar al titular del Ministerio del Interior, dentro de los cinco días posteriores al término de la medida, un informe detallado de las acciones realizadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos.
El dispositivo lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte; del jefe del Gabinete, Alberto Otárola; y de los ministros de Defensa, Jorge Chávez Cresta; del Interior, Vicente Romero; y de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate.