El ingeniero Johan Vílchez, exgerente general del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG), ha arremetido contra la gobernadora regional de Moquegua Gilia Gutierrez Ayala, y culpó al expresidente Martín Vizcarra Cornejo de ser el verdadero responsable del fracaso del proyecto Lomas de Ilo.
En una entrevista con Radio Sol, Vílchez señaló las deficiencias en el expediente técnico y la ejecución precaria de la obra a cargo del Consorcio Obrainsa Astaldi, bajo la supervisión de ATA.
Vílchez no solo responsabilizó a Vizcarra, sino también cuestionó a la gobernadora regional de Moquegua, acusándola de eludir responsabilidades al culpar al exgobernador Jamocho Rodríguez por el fracaso del proyecto. Consideró que la gobernadora, al recurrir a la politiquería en lugar de abordar los problemas técnicos, no contribuye a encontrar soluciones efectivas.
“Esta jovencita que recién ha salido de la cuna quiere sorprender y agarra un discurso (al culpar a Jaime Rodríguez Villanueva de recepcionar la obra de lomas de Ilo en el año 2017) para tapar la realidad haciendo politiquería en lugar de buscar una solución a un problema técnico”, lamentó Vílchez.
El ingeniero expresó sus dudas sobre el funcionamiento de la tubería, incluso en las recientes pruebas del viernes 15 de diciembre. Advierte que, aun si la tubería funciona, el proyecto está condenado al fracaso debido a múltiples indicadores que amenazan la integridad de Lomas de Ilo.
Vílchez subrayó que echarles la culpa a terceros no resolverá el problema y solo perpetuará un círculo vicioso. Hizo hincapié en las deficiencias detectadas durante la prueba del llenado del reservorio en 2017, que revelaron problemas en el proceso constructivo.
“Si van a seguir con el tema político a un expediente técnico, no habrá solución a un proyecto tan grande y será un elefante blanco”, expresó.
En cuanto a las acciones a seguir, sugirió al gerente general del PERPG, Javier Romero Luna, que inicie de inmediato un proceso arbitral, utilizando las cartas fianzas disponibles para compensar las deficiencias del proyecto. Alertó que, de no hacerlo antes del 6 de febrero, el Consorcio Obrainsa Astaldi no reconocerá ningún gasto y se “embolsillará” más de 17 millones de soles correspondientes a la garantía de la obra y los procesos arbitrales.
Según Vílchez, Martín Vizcarra es el responsable político de esta situación, mientras que técnicamente señaló al Consorcio Obrainsa Astaldi, ATA y posiblemente al proveedor de la tubería. Criticó la aparente falta de comprensión de la gobernadora sobre la situación, acusándola de priorizar la protección de Vizcarra en lugar de abordar efectivamente los problemas del proyecto.
