La Municipalidad Distrital de San Antonio, encabezada por el alcalde Santos Eulogio Villegas Mamani, tenía más de S/ 10 millones para reducir riesgos de desastres, pero no aprobó el financiamiento de dos defensas ribereñas valorizadas en S/ 9,6 millones, según un Informe de Visita de Control del Órgano de Control Institucional (OCI).
El municipio de San Antonio no puede alegar que carecía de recursos para enfrentar el peligro de inundaciones asociado al Fenómeno El Niño. La Contraloría verificó que, al 15 de julio de 2026, la entidad contaba con S/ 10 173 239 (diez millones ciento setenta y tres mil doscientos treinta y nueve soles) en la partida destinada a la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.
Sin embargo, pese a disponer de ese presupuesto, la gestión municipal no destinó ni aprobó recursos para ejecutar dos intervenciones de protección en los sectores Chamos del Pino y La Rinconada–Tres Quebradas, consideradas zonas con peligro “alto” por inundación y erosión fluvial.
Por decir lo menos, resulta difícil conciliar el discurso de prevención con una ejecución presupuestal que apenas alcanzaba el 20,3 %, mientras viviendas, familias y terrenos agrícolas permanecían expuestos frente a un fenómeno climático anunciado oficialmente.
Esta es una de las cuatro situaciones adversas identificadas en el Informe de Visita de Control N.° 017-2026-OCI/0446-SVC, emitido el 20 de julio de 2026 por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. El documento fue comunicado al alcalde Santos Eulogio Villegas Mamani y depositado en la casilla electrónica de la entidad el 21 de julio.
TOTAL IMPROVISACIÓN EN GESTIÓN DE SANTOS VILLEGAS
La Administración Local de Agua Moquegua (ALA Moquegua), dependencia de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), remitió a la Municipalidad Distrital de San Antonio cinco fichas técnicas referenciales para intervenir puntos críticos del río Moquegua.
Estas fichas fueron comunicadas mediante oficio del 31 de diciembre de 2025 y recibidas por la municipalidad el 5 de enero de 2026. Los documentos incluían la ubicación de las zonas vulnerables, los elementos expuestos, el tipo de peligro, la propuesta de intervención y el presupuesto estimado.
Entre las intervenciones propuestas se encontraban las correspondientes a los sectores Chamos del Pino y La Rinconada–Tres Quebradas.
En Chamos del Pino se planteó la limpieza y descolmatación del cauce, además de la conformación de diques con protección de enrocado en ambas márgenes del río. La intervención tenía una longitud de 800 metros y un presupuesto referencial de S/ 3 545 681,74 (tres millones quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y un soles con setenta y cuatro céntimos).
La ficha identificó como elementos expuestos a 43 habitantes, 16 viviendas construidas con material rústico y 50 hectáreas de producción agrícola, principalmente cultivos de palta, alfalfa y frutales.
Para La Rinconada–Tres Quebradas, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) propuso una intervención de 1 360 metros que también comprendía limpieza, descolmatación y construcción de diques con enrocado en ambas márgenes.
El presupuesto referencial ascendía a S/ 6 106 989,68 (seis millones ciento seis mil novecientos ochenta y nueve soles con sesenta y ocho céntimos). En esta zona estaban expuestos 35 habitantes, 10 viviendas de material rústico y 60 hectáreas de cultivos de alfalfa y frutales.
En conjunto, las dos intervenciones representaban S/ 9 652 671,42 (nueve millones seiscientos cincuenta y dos mil seiscientos setenta y un soles con cuarenta y dos céntimos), y estaban destinadas a proteger a por lo menos 78 pobladores, 26 viviendas y 110 hectáreas productivas.
Pese a ello, la Oficina de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de San Antonio no aprobó la disponibilidad presupuestal para iniciar la ejecución o contratación de estas actividades.
Las fichas fueron devueltas a la Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres y Ambiental con la indicación de que debían alinearse a las prioridades de atención y clasificarse según su impacto crítico inmediato frente a la emergencia.
Al momento de la visita al lugar de las “obras” habían transcurrido aproximadamente seis meses desde que la municipalidad recibió formalmente las fichas. No se había aprobado el presupuesto ni iniciado la contratación de los trabajos previstos.
HABÍA DINERO, PERO NO FUE DESTINADO
La situación se vuelve más cuestionable porque está comprobado que la administración de Santos Villegas sí tenía el dinero disponible para atender los puntos críticos. Sin embargo, no destinó ni aprobó el presupuesto para iniciar oportunamente la contratación de las obras o actividades de mantenimiento.
A través de la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se verificó que la Municipalidad Distrital de San Antonio contaba con S/ 10 173 239 (diez millones ciento setenta y tres mil doscientos treinta y nueve soles) en la partida 0068, correspondiente a la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.
El nivel de avance presupuestal era de solo 20,3 %.
La Contraloría advirtió que esta situación podría retrasar la implementación de las intervenciones destinadas a reducir riesgos antes de la ocurrencia de lluvias intensas o eventos hidrometeorológicos extremos.
Como se sabe, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN) había informado sobre condiciones favorables para el desarrollo del fenómeno y su posible prolongación hasta febrero de 2027, pero en San Antonio parece poco importarle la seguridad de los pobladores del valle moqueguano.
Asimismo, mediante el Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM, el Gobierno declaró el estado de emergencia en varios distritos del país, incluido San Antonio, debido al peligro inminente ante intensas precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.
INTERVENCIÓN INCOMPLETA EN SANTO DOMINGO
La segunda situación adversa corresponde al sector Santo Domingo, donde la municipalidad decidió atender solo parcialmente el punto crítico identificado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
La ficha referencial dividió la zona en cinco tramos. El primero comprendía la limpieza y descolmatación de 1 250 metros del cauce. Los otros cuatro consideraban la construcción de diques con enrocado en ambas márgenes del río.
Los tramos proyectados eran:
Tramo 2: dique de 350 metros en la margen derecha.
Tramo 3: dique de 370 metros en la margen derecha.
Tramo 4: dique de 600 metros en la margen izquierda.
Tramo 5: dique de 450 metros en la margen izquierda.
En total, se proyectaron 1 770 metros de defensa ribereña.
Sin embargo, la Municipalidad Distrital de San Antonio únicamente priorizó el tramo 5. La entidad había elaborado otra ficha técnica para los tramos 1, 2, 3 y 4, pero esta no contaba con resolución de aprobación al momento de la inspección.
La Contraloría verificó que el tramo 1 había sido ejecutado, pero los tramos 2, 3 y 4 permanecían sin atender.
La consecuencia consignada por el informe es que la intervención parcial podría limitar la reducción de los riesgos de inundación, desborde y erosión. También podría generar afectaciones a la población, infraestructura pública, vías de comunicación y zonas agrícolas.
En otras palabras, la municipalidad intervino una parte del problema, mientras dejó pendientes varios tramos considerados críticos por la autoridad técnica.
OBRA EN MONTALVO COMENZÓ SIN AUTORIZACIÓN
La tercera situación adversa fue detectada en el sector Montalvo.
La Municipalidad Distrital de San Antonio aprobó una ficha técnica para la defensa ribereña del río Moquegua, entre Puente Viejo y Puente Montalvo, con un presupuesto de S/ 949 208,27 (novecientos cuarenta y nueve mil doscientos ocho soles con veintisiete céntimos).
La intervención tenía un plazo de sesenta días calendario y debía ejecutarse mediante una empresa contratista.
La municipalidad solicitó autorización para realizar trabajos en una fuente natural de agua. Sin embargo, la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Caplina-Ocoña formuló observaciones técnicas al expediente.
El 1 de julio de 2026, la municipalidad presentó el levantamiento de las observaciones. No obstante, el 13 de julio, cuando la Comisión de Control llegó al sector, encontró una excavadora realizando trabajos de limpieza. El propio subgerente de Gestión de Riesgos de Desastres y Ambiental, Juan Alberto Paredes Urviola, informó que la municipalidad todavía esperaba la resolución de autorización y también se constató que no existía acta de inicio de obra.
La Contraloría advirtió que ejecutar trabajos en el río sin contar con la autorización de la autoridad competente podría ocasionar infracciones y sanciones contra la Municipalidad Distrital de San Antonio.
OBRAS SIN ACTAS Y SIN RESPONSABLES EN EL LUGAR
La cuarta alerta involucra las intervenciones de Puente Santo Domingo y Puente El Conde.
En Puente Santo Domingo, la Comisión de Control observó un cartel de obra, un almacén provisional, una excavadora, un volquete y trabajos preliminares de trazado y replanteo. Los representantes de la municipalidad señalaron que el terreno fue entregado el 8 de julio y que el contratista comenzó los trabajos el 9 de julio. Sin embargo, no se había suscrito el acta de inicio.
Durante la inspección tampoco fueron encontrados el residente, el inspector de obra ni trabajadores de la empresa contratista.
Una situación similar fue detectada en Puente El Conde. La municipalidad había entregado el terreno el 10 de julio y el contratista ya había iniciado trabajos preliminares, pero tampoco existía acta de inicio.
En el lugar se encontraron maquinaria, instalaciones parciales y trabajos de replanteo, pero no estaban presentes el residente, el inspector ni el personal obrero.
Esta situación deja mala parada a la Municipalidad de San Antonio y son hechos puntuales y graves puesto que había presupuesto, pero dos intervenciones no fueron financiadas; se atendió parcialmente otro punto crítico; una obra comenzó sin autorización del agua; y dos servicios se iniciaron sin actas formales y con deficiencias de control.
Todo esto ocurrió mientras San Antonio se encontraba comprendido en una declaratoria de emergencia por peligro inminente ante las lluvias vinculadas al Fenómeno El Niño.
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